Castrillón Sí Puede reclama una investigación para comprobar si Aqualia

La concejal de Castrillón Sí Puede en el Ayuntamiento de Castrillón Eva Menéndez ha reclamado este viernes al equipo de gobierno una investigación que compruebe si Aqualia cumple con el mantenimiento de las hidrantes del concejo tras descubrir que Salinas tiene diez inutilizadas y Coto Carcedo una de las dos con que cuenta. "La empresa nos dice que hay diez hidrantes para renovarse en enero, febrero y marzo de 2018, cuando tienen que tener una revisión cada tres meses", ha indicado en rueda de prensa.

La edil ha recordado como en octubre 2015 el pleno castrillonense aprobó una moción sobre el Pacto Social del Agua, "pero como sucede con otras, queda en un cajón porque es el equipo de gobierno el que las tiene que cumplir". De hacerlo, ha asegurado Menéndez, "nos llevaría a más participación y transparencia en el servicio del agua y poder hacer un control más exhaustivo y que no pase lo que está sucediendo"

La concejal también ha preguntado el motivo por el que el consistorio ha pagado en los últimos dos años 7.000 euros a una empresa externa para hacer labores de desratización, cuando "le corresponde a Aqualia".

El diputado de Podemos en la Junta del Principado, Héctor Piernavieja, ha señalado que "la situación es extremadamente grave, principalmente en Salinas. La parte nororiental se encuentra en severo riesgo, cualquier incidente que necesitara de estos hidrantes nos encontraríamos que los bomberos no tendrían la capacidad necesaria para extinguir un incendio".

Es por ello que el diputado ha pedido al Ayuntamiento de Castrillón que "ponga solución" y al Principado y el SEPA que intervengan porque se pone en riesgo a la propia localidad y "a los profesionales que pudieran tener que intervenir". Ha querido también lanzar un "mensaje a ciudadanía: que extremen precauciones".

Piernavieja ha recordado que la Junta también aprobó el Pacto Social por el Agua a iniciativa de su grupo, que planteaba que Cadasa diera asesoramiento legal a ayuntamientos que tuvieran el servicio privatizado. "Serviría de apoyo para fiscalizar esos contratos", ha dicho y apuntado que lo que ocurre en Castrillón es consecuencia de la privatización del servicio.

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