Los ayuntamientos cierran 2012 en pleno debate sobre su mayor reforma en años

Antonio Ruiz Valdivia

Madrid, 16 dic.- Los ayuntamientos cierran 2012 en pleno debate sobre su futuro y la mayor reforma de la administración local en décadas, con las facturas fuera de los cajones para acceder al plan de proveedores y comprometidos con el objetivo de déficit.

El Gobierno, el PP y el PSOE llevan negociando durante los últimos meses la futura ley de racionalidad y sostenibilidad local, con la que se pretenden ahorrar 3.500 millones de euros con la eliminación de duplicidades y la clarificación del mapa competencial.

Todo ello dentro de la denominada reforma local, que incluirá una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para reducir el número de concejales, punto en el que todavía mantienen diferencias los populares y los socialistas.

Los alcaldes sí despiden el año sabiendo que se ha llegado a un entendimiento sobre el sueldo de los alcaldes. Su nómina se fijará en función de la población del municipio y no podrá superar, en los casos máximos, la retribución anual de un secretario de Estado (67.055,31 euros brutos al año, según el proyecto de presupuestos para 2013).

Ha sido un largo año de negociaciones y discusiones entre los principales partidos, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Pero la reforma empieza a ver ya la luz y el Gobierno confía en aprobarla "en poco tiempo", según ha dicho el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

No obstante, quedan todavía algunos obstáculos por superar para llegar a un acuerdo, como es el papel de las diputaciones provinciales, que quiere ser potenciado por el Gobierno y que el PSOE ve como una puerta a posibles privatizaciones.

En mitad de esta negociación sobre su futuro, los alcaldes han cambiado de patrón, al suceder en mitad de año al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el regidor de Santander, Ínigo de la Serna, al frente de la presidencia de la FEMP.

De la Serna ha encarado este mandato con la intención de que se oiga la voz de los ayuntamientos en su propia reforma y con la reclamación de que las comunidades autónomas abonen a los ayuntamientos las cantidades que les adeudan.

Y no solo De la Serna ha protagonizado un cambio de calado en el ámbito municipal, ya que el principal ayuntamiento de España, el de Madrid, dijo adiós hace doce meses a Alberto Ruiz-Gallardón y encumbró a Ana Botella como la primera alcaldesa de la capital.

Los consistorios han sacado también este año las facturas de los cajones para poder acceder al plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda para hacer frente a sus deudas.

Gracias a esta iniciativa, más de 3.700 ayuntamientos han pagado a lo largo de este año más de 1,7 millones de facturas pendientes a unos 106.000 proveedores, por valor superior a los 9.000 millones de euros.

Esta operación obligó a los alcaldes a sacar a relucir su deuda con los proveedores, encabezando esta particular lista el ayuntamiento de Madrid, con más de mil millones de euros, y a poner en marcha planes de ajuste.

Y las medidas para aminorar el gasto han abarcado desde reducciones de plantilla y eliminación de subvenciones a sindicatos hasta el cierre de televisiones locales y aumento de tasas, como las de la basura.

¿Cómo están las cuentas de los ayuntamientos? La deuda de los ayuntamientos hasta el tercer trimestre de este año ascendía a 43.802 millones de euros, una cifra que contabiliza el plan de proveedores y que contrasta con los 35.420 millones de euros con los que cerraron 2011.

Esta deuda supone un 4,1 % del PIB, algo superior al 3,8 % acordado por la FEMP y el Ejecutivo como techo.

Durante ese año se fijó el déficit de los ayuntamientos en 2011 en un 0,38 % -lo que supuso un desfase de tan sólo ocho décimas respecto al objetivo del 0,3 %- y fue el único nivel de la administración donde se pudo presumir de encontrar casos de superávit.

Los consistorios tienen fijado para este año el mismo objetivo del 0,3 y deberán tener a partir del próximo ejercicio déficit cero, según lo marcado por el Gobierno central.

Los alcaldes han vuelto a reivindicar un nuevo sistema de financiación municipal, ante la brusca caída de ingresos en los consistorios y para sufragar los gastos de las llamadas "competencias impropias".

Además, los consistorios consiguieron arrancarle al Gobierno el compromiso de prorrogar de cinco a diez años el plazo para devolver a Hacienda las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta de los ejercicios 2008 y 2009, que ascendían a casi 6.000 millones de euros.

Y, además, el Tribunal de Cuentas afeó durante este año a los ayuntamientos en un informe sobre el Fondo Estatal de Inversión Local puesto en marcha por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no haber primado en muchos casos la creación de empleo, que era su principal objetivo.

Los alcaldes pasarán la Navidad en suspense por las negociaciones que marcarán un nuevo tiempo en la esfera municipal, pero con la seguridad de que ya no habrá tantos concejales en la próxima legislatura y de que ninguno podrá ganar más que un secretario de Estado.