El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado investigar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a raíz de la querella de la Fiscalía que le acusa de desobediencia por no cumplir la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de edificios públicos.
La Fiscalía presentó la pasada semana una querella en la que acusaban al presidente autonómico de "desatender" su mandato por "consciente y deliberadamente" al mantener en los edificios de la Generalitat la simbología "partidista". La Junta Electoral Central (JEC) envió hasta tres requerimientos a Torra para que retirara los lazos amarillos y la pancarta de los políticos catalanes presos de todos los edificios del gobierno autonómico mientras durase el periodo electoral.
En un auto, que puede ser recurrido, la sala civil y penal del TSJC designa instructor de la causa a Carlos Ramos, el único magistrado de la sala civil y penal designado a propuesta del Parlament y que formó parte del tribunal que juzgó al expresidente catalán Artur Mas por el 9N.
El presidente regional alegó que solo haría caso de los requerimientos que le hiciera el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán. Según Torra, esto se debe a que el organismo dirigido por Rafael Ribó es "un organismo independiente y propio de Cataluña". Ahora, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Torra ha comunicado que ya ha firmado la notificación de la querella de la Fiscalía y advierte: "Ante un estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias".
La reiterada negativa de Torra a retirar la simbología soberanista se debía a que, según Torra,"los lazos amarillos no son un símbolo partidista", sino que se encuentran dentro de la "libertad de expresión" y escudó sus opiniones en resoluciones emitidas por el parlamento autonómico catalán, donde tiene mayoría.
En su querella, la Fiscalía recuerda que fue una denuncia de Ciudadanos del 11 de marzo pasado la que dio pie a que la Junta Electoral dictara un acuerdo que daba a Torra un plazo de 48 horas para retirar las 'esteladas' y lazos amarillos. Aunque en la resolución se advertía "expresamente" de que el acuerdo era firme, Torra presentó un escrito ante la Junta para que reconsiderase su acuerdo, lo que ésta desestimó dictando una nueva resolución que, con fecha 18 de marzo, le reiteraba su obligación de mantener la "imparcialidad" de los centros públicos, sostiene la el ministerio público.
Además de pedir que se tome declaración a Torra como investigado, la querella insta a que se requiera al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, informar sobre el "debido cumplimiento" de lo ordenado por la Junta Electoral, entre otras diligencias.
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