¿Qué es España?

Reino, régimen monárquico, República federal, unidad de destino universal, comunidad nacional, Nación de naciones, Estado social y democrático de Derecho… Muchas han sido las definiciones que nuestro constitucionalismo ha dado a España a lo largo de la historia. La característica que parece predominar en todos ellos es la autoafirmación de España como un ente abstracto constituido por partes que tienden a formar un todo complejo. Como tal, la Nación lleva implícita la soberanía. Sin ella, acudiendo al positivismo, queda desnaturalizada debiendo abrazarse a una construcción artificial que niega precisamente el todo para quedarse en la parte.

Pero además, la evolución lógica y trágica sufrida en el siglo XX en todo el panorama europeo incluyó otras características que pasan a formar parte de la Nación soberana. Hablamos de un sistema legal independiente, que garantice los derechos de sus ciudadanos y donde la Ley debe ser además legítima, es decir, adoptada conforme a los cauces y procedimientos determinados en la Biblia de una Nación: su Constitución.

Incluso la carta magna española del 31 hacía referencia a la Nación española. Si bien se suprimió de su preámbulo, encontramos clarísimas referencias a ella, como el reconocimiento de su Presidente como personificación de la Nación.

En este sentido surgen dos conceptos que lejos de contraponerse deberían converger para tratar de solventar la organización político – social de un Estado. La nación política vs. la nación cultural o social, entendida esta, como una comunidad de personas con una identidad, una lengua, una cultura y una historia comunes. Si discutido y discutible es el concepto Nación, más aun es la nación cuyo único rasgo diferenciado es la lengua.

Así, a cada lengua le correspondería una Nación, aún más, a cada cultura una Nación, a cada historia una Nación, a cada identidad otra y así inexorablemente hasta afirmar que a cada grupo de dos o más personas le correspondería una Nación.

Hasta aquí la teoría positivista que no admite más argumento en contra que otra ley superior que la derogue. Con base en este argumento entenderemos que sí: España es una Nación y como señaló Julián Marías ha sido la primera que ha existido - con las características anteriormente mencionadas – incluso por delante del propio nombre España.

Una vez afirmado que España es una Nación toca hablar de su configuración política como Nación de naciones. El 28 de junio de 2006, el Tribunal Constitucional en una sentencia exquisita y profundamente razonada se pronunció claramente en contra del no nato Estatuto de Cataluña afirmando e identificando a la Nación española como la única constitucionalmente establecida y cuya representación no era otra que el pueblo español. Actor único en el que recae la soberanía.

En román paladino no significa otra cosa que para poder modificar, extinguir, añadir, reforzar o constituir un nuevo ente, será el pueblo español, en su conjunto, el encargado de decidir su futuro. Es esencial esta afirmación puesto que supone un nuevo paso aclaratorio en la construcción de la Nación española.

No es una cuestión de territorio. No es una cuestión de organización. Es una cuestión de soberanía popular. En esta misma sentencia se reconoce el derecho de las diferentes Comunidades Autónomas a configurarse como nacionalidades. Por ello, Nación de naciones, sin ser políticamente soberanas, tendría su encaje, al menos técnico, en nuestro actual marco constitucional. Es un concepto razonable pero no por ello puede considerarse como cierto.

Vayamos resumiendo para dar sentido al título de este artículo. España es una Nación y su soberanía recae en los españoles. Es momento de dar un paso más en el discurso y analizar si una parte de la Nación puede convertirse en un todo. Abandonemos la seguridad que nos proporciona el positivismo jurídico y abracemos la ciencia y la realidad política. ¿Puede ser Cataluña una Nación? La respuesta es afirmativa atendiendo a los hechos. Nuestro Continente está lleno de ejemplos que así lo han demostrado, incluso vulnerando la legalidad del Estado de origen y la internacional, pero de facto – y en la mayoría de los casos por la fuerza de las armas – se han constituido como Estados independientes y reconocidos por la Comunidad global.

En nuestro caso, excluyendo la fuerza y acudiendo a la razón, si afirmamos que la soberanía recae en los españoles y estos son dueños de su futuro, tan solo a ellos, al conjunto de nosotros, nos correspondería tomar la decisión de desgajar la Nación española. Pero el razonamiento implicaría además asumir que una Nación que deja se serlo en su totalidad también deja de ser Nación. Desde el punto de vista político asistiríamos a la creación, por extinción, de otro ente. En este sentido, España sin Cataluña, dejaría de ser España. Dicho de otra manera, un Estado puede contener varias nacionalidades pero si una de ellas deja de ser parte del todo, el todo queda desnaturalizado, se pierde como tal, aunque sea la más antigua del mundo occidental.

El debate actual no va de democracia, como señalan algunos, ni siquiera de legalidad, como señalan otros. Va de soberanía. Del no derecho de una parte a destrozar el todo y del derecho de todos a ser parte de algo. Antes que ser un orgullo o incluso un sentimiento de pertenencia, ser parte de una Nación es una voluntad colectiva de reconocerse bajo unos signos comunes, asumir un pasado y sentirse parte de un proyecto común para el futuro. Sin este objetivo la Nación española, como cualquier otra, quedará vacía. Huérfana de sentimientos y sentido.

*Diego Crescente es analista político y socio de MAS Consulting Group.

Twitter: @quintoterelio