Una veintena de personalidades que han vivido con escolta los últimos años han dejado de tenerla desde ayer 1 de septiembre. El Gobierno da así un paso más en su plan de reducción del número de guardaespaldas tras la renuncia a la lucha armada expresada por ETA en octubre de 2011. Entre los ciudadanos que han perdido parte o toda su protección, se encuentran varios ministros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, además de otros exaltos cargos socialistas y ciudadanos que contaban con ella por su especial exposición pública.
En algunos casos, estas personalidades –cuyos nombres no revelaremos por razones de seguridad– llevaban décadas con escolta. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha realizado la correspondiente evaluación de riesgos y ha decidido retirar la histórica protección, como ha hecho desde que llegó el PP con otros altos cargos.
Al tiempo que el Ministerio del Interior toma esta decisión, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz también ha decidido reforzar la protección personal de varios ministros del actual Gobierno, así como la de algún alto cargo de la Administración General del Estado. En concreto, ayer mismo algunos de estos guardaespaldas comenzaron a formar parte del séquito que vela por la seguridad de estas personalidades.¿Ahorro?
El plan de reducción de escoltas fue puesto en marcha por el Gobierno con una doble finalidad. Por un lado, adelgazar el presupuesto público destinado a esta labor después de que la banda terrorista ETA anunciara el fin de la lucha armada, ya que muchos de los que hacían estas tareas eran profesionales privados. Y por otro, recolocar a los miembros de las fuerzas de seguridad que prestaban servicio de protección de personas en otras labores policiales en un momento en el que la crisis estaba provocando que la Administración redujera considerablemente la oferta pública de empleo.
En concreto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estimó que el ahorro en términos económicos del plan de reducción de profesionales –que comenzó en mayo de 2012 con la eliminación de gran parte de la vigilancia estática y luego pasó a los acompañantes– sería superior a los 80 millones de euros.
Sin embargo, en el reciente caso, la decisión de reasignar a los escoltas a las mismas tareas ha chocado a algunos de los que han perdido su protección, ya que no era la finalidad inicial del plan de reducción de profesionales la de dejar de proteger a unos para custodiar a otros. Los afectados se quejan además de que no han recibido explicación de por qué se ha tomado esta decisión. La mayoría fueron avisados hace un mes de que se había tomado la decisión, pero sin ninguna justificación. Otros se enteraron incluso el mismo día que dejaban de contar con el servicio.
Por el momento, desde el anuncio de poner fin a la actividad armada, ETA no ha vuelto a enfundar una pistola. El Gobierno ha dicho en ocasiones que a los pocos miembros de la banda que continúan en la clandestinidad solo les queda entregar los explosivos, rifles y otro tipo de instrumentos que tengan escondidos y entregarse a las autoridades.
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