Montoro admite haber perdido la batalla de la comunicación con la amnistía fiscal

Han tenido que pasar cinco años desde que el Gobierno aplicase la amnistía fiscal para que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, reconozca por primera vez haber "perdido la batalla de la comunicación" en este asunto. Lo hace solo unos meses después de que el pleno del Tribunal Constitucional considerase que la Declaración Tributaria Especial fue "contraria a la ley" y la anulase por unanimidad, y de que la Agencia Tributaria descubriese que 4.000 beneficiarios de este proceso han cometido alguna irregularidad fiscal.

Montoro ha hecho esta reflexión en el Congreso de los Diputados, donde contestaba a una interpelación del grupo socialista sobre la lucha contra el fraude fiscal en nuestro país. El ministro reconoce equivocaciones a la hora de explicar la amnistía, pero niega haber perdido la batalla de las cifras.

Así, ha asegurado que desde 2012 se han recaudado más de 13.000 millones de euros anuales en la lucha contra el fraude, frente a los 8.800 millones de los cinco años previos. Minutos antes, Mariano Rajoy había elevado la recaudación por fraude en ese periodo a 65.232 millones de euros.  

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Según Montoro se trata de cifras "nunca" vividas en la Hacienda pública y ha criticado a los socialistas por no apoyar las medidas tributarias aprobadas en 2012, es decir, la amnistía y la declaración de bienes en el extranjero (el conocido como "modelo 720"). El titular de Hacienda también ha defendido que cualquier irregularidad relacionada con ambas actuaciones no prescribe. 

Durante su intervención, la diputada socialista Patricia Blanquer ha lamentado que los efectos de las nuevas medidas fiscales "aún no son visibles" y que la fuga a paraísos fiscales y la elusión de impuestos cuesta a las arcas públicas 11.000 millones anuales.

Por ello, ha criticado con dureza que, en lugar de tributar al 10%, se permitiera que quienes se acogieron a la amnistía fiscal regularizasen al 3%. Esto supuso obtener 2.800 millones menos de recaudación, y que la erosión fiscal destapada con la amnistía supusiera únicamente un 3% del total, por lo que el 97% sigue fuera del radar de la AEAT.

Una de las críticas más repetidas es, precisamente, que la Agencia Tributaria no ha perseguido con rigor a los 31.484 beneficiarios de la amnistía, fuesen particulares y empresas, pese a que estos habían acreditado su perfil de alto riesgo.

Al cruzar los datos de la Declaración Tributaria Especial (la amnistía) y la Declaración Tributaria sobre Bienes y Derechos en el Extranjero Hacienda realizó 3.943 actuaciones inspectoras sobre beneficiarios por inconsistencias entre la información declarada y la disponible en las bases de datos de la Agencia Tributaria. Éstas permitieron  aflorar 279 millones de euros extra.