En comisión parlamentaria, Montero ha rechazado que siempre que se hable de altos cargos de la Junta "se abra un debate descontextualizado", toda vez que "da la sensación de que todos los parlamentarios y altos cargos somos unos caras, cuando es lo contrario, las personas que conozco estrechamente perdemos retribuciones por el servicio que prestamos".
Por ello, ha abogado por "dignificar el sentido de la política", dejando claro que "el alto cargo es necesario", ya que "gracias a los altos cargos funcionan las administraciones".
Montero ha defendido que esas personas perciban un dinero extra para pagar el alquiler de su vivienda al estar fuera de su lugar de origen, ya que, "de lo contrario, sólo estarían representadas personas que sólo viven en el entorno de las instituciones, y eso no se puede permitir", con lo cual la situación conlleva que exista "un gasto asociado".
"Es justo el sobrecoste añadido por hacer su trabajo", ha aseverado la consejera, quien ve adecuado "compensar el gasto que ocasiona ostentar una representación institucional".
Por su parte, el diputado de Ciudadanos Sergio Romero, quien ha recordado "la obligación de la Junta de publicar en el Portal de la Transparencia los datos relativos a indemnizaciones por vivienda", ha precisado que actualmente perciben ese concepto medio centenar de altos cargos por un valor de 600.000 euros.
Romero cree necesario reducir esos gastos o modificar los conceptos, toda vez que "muchos particulares realizan más kilómetros diariamente y no reciben ninguna compensación por esos desplazamientos".
INFORME DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS
Por otro lado, la consejera ha sido preguntada en esta comisión por el informe de la Inspección General de Servicios, dependiente de la Consejería de Hacienda, donde, según la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero, "se han comprobado que algunos altos cargos no tiene contrato, o que en los contratos no se especifica cuánto van a cobrar, o que cobran sueldos elevados, excesivos, por los que se les ha tenido que solicitar el reintegro de esos importes", tras lo que ha apuntado Ruiz Sillero que esas irregularidades afectan a "seis agencias y fundaciones de la Junta".
Ante esto, la consejera ha dejado claro que "ningún alto cargo" ha cometido ninguna de esas irregularidades, aunque ha rechazado dar nombres ni cargos concretos, en aras de la Ley de Protección de Datos."No me va a encontrar en el fango y usted sólo viene a intentar enfangar el debate", ha apuntado a la diputada popular.
Montero ha explicado que se trata de "un informe de control interno de la Consejería", por lo que cree que "seria bueno y razonable que las actuaciones de control interno no sean armas arrojadizas contra los gobiernos", toda vez que "no puede ser que el que no haga control esté estupendo y el que hace acciones de control reciba las críticas".
La consejera ha lamentado que "el PP reiteradamente utiliza de forma partidista este informe, donde "en general se dice que no se han detectado grandes irregularidades" en materia de retribuciones, y que se han "regularizado" las retribuciones, requiriendo junto a las resoluciones con los nombramientos que se adjunten los correspondientes contratos, y ha añadido que "en casos puntuales se habían excedido las retribuciones, y se les ha solicitado el reintegro".
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