ANDALUCÍA. SÁNCHEZ RUBIO RECLAMA AL GOBIERNO CENTRAL QUE IMPULSE “DE UNA VEZ POR TODAS” LA FINANCIACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, reclamó hoy al Gobierno central, durante su intervención en el ‘Forum Europa. Tribuna Andalucía’, que impulse “de una vez por todas” un gran acuerdo en materia de financiación de la Ley de Dependencia. Sánchez Rubio espera que "esto no suponga quitar fondos a otros elementos del Estado del Bienestar".
Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla, Sánchez Rubio denunció que el Estado únicamente financia el 20%, “muy alejado del 50% que le corresponde por Ley”, y que desde el año 2012, Andalucía ha dejado de percibir 508 millones que les corresponden a las personas en situación de dependencia, “además del millón de euros al mes que estamos dejando de percibir por el pago de la Teleasistencia Avanzada, lo que supone un auténtico boicot”.
Según los datos que maneja la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, durante 2016, Andalucía ha incorporado a 28.300 personas beneficiarias (con un crecimiento neto de 5.000 personas con relación al cierre de 2015) con 41.600 prestaciones nuevas, y se han llevado a cabo 68.400 nuevas valoraciones y revisiones.
“Por eso, desde 2012, Andalucía ha tenido que hacer frente a los recortes del Gobierno del PP para que no se viera afectada la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, sus familias, profesionales y las entidades”, ha subrayado la consejera, quien ha informado que la Junta de Andalucía ha invertido más de 10.000 millones en los 10 años que lleva en vigor la Ley de Dependencia, y se han atendido a más de 371.000 personas con 488.300 prestaciones.
En los presupuestos de 2017 se consignan 1.188 millones de euros, un 2,5% más que el presente ejercicio, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). El compromiso de la Junta es que este incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura. Esta inversión, que en casi un 54% se destina a financiar a ayuntamientos y diputaciones, permitirá atender a 230.000 personas a finales del presente año. Las aportaciones autonómicas han permitido garantizar la estabilidad de los casi 45.500 empleos creados en Andalucía desde la implantación del sistema (18.000 de ellos correspondientes a la ayuda a domicilio).
Andalucía quiere que la inclusión de la dependencia en el modelo de financiación no suponga quitar fondos a otros elementos del Estado del Bienestar, sino que dé a esta prestación la consideración y los recursos que la propia Ley reconoce. Por eso, la Junta de Andalucía ha reivindicado al Gobierno de España la recuperación de los recortes del 13% del nivel mínimo y el nivel acordado en la financiación de la dependencia para este año 2017, lo que supondría contar con 114 millones de euros más en este ejercicio y poder atender al conjunto de personas que están esperando alguna prestación.
OTROS HITOS DE LOS 30 AÑOS
Además de la apuesta por la Ley de Dependencia, Sánchez Rubio también quiso poner en valor otros logros del Gobierno andaluz en el balance de los 30 años de los Servicios Sociales andaluces que hizo en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'. En este sentido, resaltó el papel de Junta de Andalucía en “una nueva forma de entender la protección y la atención a la infancia, como conjunto de actuaciones individuales, colectivas e institucionales para hacer plenamente efectivos los derechos de la infancia, además de implementar las medidas para reducir la tasa de pobreza infantil en Andalucía que en 2016 alcanzaron a más de 145.000 menores”.
La titular de Igualdad y Políticas Sociales también defendió las políticas que favorecen la integración, la participación y el desarrollo de las personas con discapacidad, incorporando la atención a la discapacidad de manera transversal e integral en la agenda política. Destacó el Proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía que consolidará las políticas autonómicas de discapacidad, y "cuyo desarrollo se concreta en un presupuesto anual que superará los 1.300 millones de euros”.

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