El Gobierno de Canarias remite al Consultivo la modificación del reglamento de la PCI

El Gobierno de Canarias remite al Consultivo la modificación del reglamento de la PCI

La modificación del reglamento es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2007 de 17 de enero, reguladora de la Prestación Canaria de Inserción, por la que se ha dado nueva redacción, total o parcialmente, a más de una veintena de artículos del nuevo reglamento.

Como principales novedades del nuevo texto se define la figura de persona en riesgo de exclusión social por motivos económicos y que se introdujo en el texto legal, en el marco de la crisis económica. Se trata de aquellas personas que han quedado desempleadas, que se encuentran en edad laboral y reúnen las condiciones legales para su contratación pero que no encuentran trabajo y ya han agotado las prestaciones por desempleo.

También se establece la nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia. Se introducen importantes excepciones entre las que, aún no cumpliendo los requisitos de unidad de convivencia establecidos en el artículo 7 de la ley, se podrá acceder a la ayuda económica de PCI, como puede ser el caso de los procesos de desahucio.

En cuanto a los trámites administrativos, se incorporan mecanismos para agilizar los procedimientos y la coordinación con los servicios sociales municipales en el seguimiento de las actividades de inserción.

A nivel orgánico, se actualiza la regulación de la Comisión Técnica de Coordinación y de la Comisión sectorial de seguimiento y comunicación interadministrativa, y se fijan los parámetros de la financiación para el ejercicio de las competencias municipales.

Por otra lado, para su adaptación a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la regulación del procedimiento de solicitud de la PCI, en ausencia de oposición de la persona interesada, las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Esto facilitará con carácter general la tramitación de las solicitudes al no tener que aportar documentos o datos que pueden ser recabados de oficio, por cuanto se presume que la consulta u obtención de los mismos, se halla autorizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.

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