Dublín, 2 jul.- La Cámara Baja (Dáil) irlandesa aprobó hoy en la primera de una serie de votaciones continuar con el proceso de redacción de la nueva ley del aborto, que prevé autorizar la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, lo que incluye también la amenaza de suicidio.
Con 138 votos a favor y 24 en contra, el texto del Gobierno de coalición entre el conservador Fine Gael (FG) y los laboristas superó así la segunda etapa legislativa, después de que varios diputados del partido mayoritario hubieran advertido de que votarían en contra.
El proyecto deberá pasar ahora por el filtro de varios comités parlamentarios, que podrían recomendar al Ejecutivo la introducción de alguna reforma o modificación, antes de ser sometido de nuevo a votación.
Según ha prometido el primer ministro irlandés, el democristiano Enda Kenny, la nueva ley del aborto estará lista antes de que el Parlamento de Dublín comience las vacaciones de verano a mediados de este mes.
Entre los miembros del FG que se oponen al contenido del documento destaca la ministra para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton, quien alega motivos de conciencia para aceptar, en concreto, la cláusula sobre la amenaza de suicidio.
Creighton y en torno a una decena de correligionarios están dispuestos a mantener su pulso con Kenny, quien ha advertido de que les expulsará de la formación si no se someten a la disciplina del partido.
La inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para abortar es la cláusula que más preocupa a algunos conservadores, pues creen que abrirá la puerta en Irlanda a lo que denominan "abortos a la carta".
En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre está en riesgo pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país mayoritariamente católico.
La nueva ley sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la Constitución.
El texto propone ahora que las interrupciones del embarazo en casos no considerados "de urgencia" se practiquen en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un "riesgo sustancial y real" para la vida de la madre.
Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada.
No obstante, los médicos irlandeses podrán negarse a practicar un aborto por "objeción de conciencia", si bien el hospital seguirá estando obligado a ofrecer la interrupción del embarazo en casos pertinentes.
La ley también prevé penas de cárcel de hasta 14 años para quien "destruya, intencionadamente, una vida humana no nacida", una definición que, sin embargo, exime a la madre de cualquier responsabilidad penal.
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