El BNG denuncia que "la pretensión" de la Xunta de Galicia es "saltarse la normativa sanitaria" para "permitir el transporte de pacientes en taxi", en lo que considera una "privatización encubierta".
Así lo ha manifestado la diputada Montse Prado en rueda de prensa tras reunirse con representantes del sector y el responsable del área de transporte sanitario de la CIG, Xesús Pastoriza, quien ha urgido a "actuar preventivamente" en un panorama en que el servicio "poco a poco" va "deteriorándose".
Prado, por su parte, ha advertido de que el Bloque va a exigir "control" al servicio gallego de salud (Sergas) ante un servicio público "esencial", el cual, según ha asegurado la nacionalista, lo "están manejando" las empresas "a su antojo".
Al respecto, ha afirmado que se están produciendo "irregularidades inmensas" en cuanto a horarios, calidad asistencial y condiciones de los trabajadores, como consecuencia, en su opinión, de una "licitación a la baja" y que se "prima" el "lucro" de las compañías y los criterios económicos.
La diputada ha agregado a esto la "falta de personal", que ejerce "presión sobre los trabajadores", y ha concluido que, ante el "déficit total a la hora de prestar el servicio", el BNG reclama al Gobierno gallego "una rectificación" en estas políticas, antes de que se produzca una situación crítica como la muerte de una menor en Cataluña mientras esperaba una ambulancia.
El uso de ambulancias de apoyo del 061 para transportes urgentes ha sido otra de las críticas lanzadas por Prado en la comparecencia, al avisar de que esto es "ilegal" y de que estos vehículos no están dotados con los equipos y el personal precisos. "Lejos de excepcional, se está convirtiendo en algo habitual", ha dicho.
Por todo ello, ha mostrado la "preocupación" de los nacionalistas, por el "riesgo" que este contexto supone tanto para la población como para los profesionales. "Está habiendo una permisividad alarmante", ha apostillado.
TAXIS
En lo relativo al eventual transporte de pacientes en taxi, la parlamentaria del Bloque se ha referido al reglamento que prevé aprobar el Ejecutivo para este transporte, y ha alertado de las normas que se establecen en el borrador para este tipo de vehículos en materia de higiene y formación.
Así, el propio Pastoriza ha advertido de que "cualquier taxi" podrá, en principio, hacer servicios regulares de pacientes oncológicos, para realizar diálisis y rehabilitación.
Sin embargo, las condiciones materiales del taxi (empezando por los propios asientos) son distintas a las que se exigen para una ambulancia, según ha remarcado.
También ha indicado que el personal solo tendrá que realizar "un cursillo de primeros auxilios", frente a los dos años de formación profesional de los conductores de transporte sanitario.
20% DEL PERSONAL
Por último, este portavoz de la CIG ha cifrado en una caída del 20% del personal el impacto de los planes de la Xunta en este campo, en el que trabajan unos 3.000 profesionales (aproximadamente la mitad en transporte urgente, el del 061 --con unas 130 ambulancias--, y la otra mitad en el concertado --con más de 260--).
Con todo, Prado ha subrayado que, "más allá de una cuestión laboral", este colectivo está "reivindicando calidad asistencial". A su juicio, "bajo la excusa del ahorro, en el fondo" lo que hay es "un deterioro asistencial".
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