El acceso a Internet de banda ancha como servicio universal en España sufre otro retraso

A mediados de noviembre de 2009 Miguel Sebastián, el Ministro de Industria, anunciaba que a partir de 2011 el acceso a Internet de banda ancha tendría la consideración de servicio universal.

Esta consideración quiere decir que se garantiza su prestación a todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica en unas condiciones de calidad determinadas y a un precio asequible.

El anuncio del Ministro hablaba en aquel momento sólo de accesos a una velocidad mínima de 1 Mbps y no mencionaba precios, aunque en mayo de este año salían a la luz más detalles, que en efecto pedían una velocidad mínima de bajada de 1 Mbps, aunque preferiblemente de 2 megas, una velocidad de subida de 256 Kbps, y cuotas de alta y mensuales inferiores a 39 y 25 euros respectivamente.

Las velocidades no son precisamente para echar cohetes en 2010, y menos teniendo en cuenta que sólo se pide que se garantice un 2% de la velocidad ofertada, cuando lo normal en una línea ADSL es de un 10%, y también habla de posibles límites de descarga de 2 gigas.

Pero en cualquier caso, para aquellos que llevan años sufriendo los ADSL rurales, los accesos mediante TRAC, o los que simplemente no pueden acceder a Internet de ningún modo, este anuncio suponía toda una alegría.

El problema es que ya cuando el Ministro hizo aquel primer anuncio a algunos ya nos extrañó que al mismo tiempo se estuviera hablando, por ejemplo, de planes de varios años de duración para extender la banda ancha en Galicia que entrarían en vigor en 2010, planes de los que se volvía a hablar no hace mucho y que aún dejan al menos a 500.000 gallegos sin acceso a Internet a finales de este año.

Así que no ha sido ninguna sorpresa que finalmente, como se puede leer en BandaAncha.eu, el Ministerio de Industria haya decidido aplazar la universalización del servicio al menos otro año, hasta el 31 de diciembre de 2011.

Y tampoco es de extrañar cuando la ausencia de una idea de Internet en nuestra clase política les lleva a apoyar cosas tan potencialmente peligrosas como el tratado ACTA, que camufladas entre medidas para luchar contra las falsificaciones podría incluir serias restricciones en nuestro uso de Internet, o a decidir no apoyar una moción a favor de la neutralidad de la Red por considerar que las aciones de los usuarios pidiendo que esta fuera aprobada constituían una ingerencia en los asuntos del senado.

Mi previsión, lamentablemente, es que tampoco el 31 de diciembre de 2011 el acceso a Internet será un servicio universal en España porque Internet, en general, no les importa nada a nuestros políticos.