El nuevo marco impositivo que traerá la nueva Ley de Vivienda puede facilitar que los municipios que ya penalizaban la renta vacía amplíen los recargos que ya aplicaban. Actualmente, hasta 222 municipios en distintas comunidades autónomas ya aplican aumentos del Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) a quien tenga una propiedad sin habitar, según datos de la Dirección General del Catastro a los que ha tenido acceso La Información. Esos pueblos o ciudades imponen una tasa 'extra' que va del 1% a un máximo del 50% sobre lo que ya pagan los propietarios, siendo este último el más habitual. Lo que abrirá una nueva vía para la recaudación de los Ayuntamientos gracias a ese 150% de recargo que se incluirá en la futura legislación.
Los datos del Catastro a los que ha tenido acceso esta redacción revelan que, aunque el número de municipios es ínfimo en comparación con los más de 8.000 de todo el país, estos acumulan a una parte considerable de la población total. En concreto, los lugares en los que imperan los recargos del IBI acogen a más de 10,7 millones de españoles. Lo que supone en que en los mismos vive el 22,65% del total de la ciudadanía española, según los cálculos de este diario. Estas cifras sirven para medir el impacto inicial que puede tener la medida, que pueden ir a más. A los consistorios que ya la utilizan se pueden sumar otros que estarán habilitados para impulsar esas penalizaciones bajo el sostén jurídico de una ley estatal. Algo a lo que está dispuesto el Ayuntamiento de Valencia, que con el amparo de la legislación instaurará un recargo del 30%, aún lejos del 150% de máximo permitido.
Hay varias grandes ciudades que destacan en ese listado de las que aplican o han aplicado esa tasa complementaria. La mayor de todas es Barcelona, que está por encima de los 1,6 millones de habitantes y dispuso de un recargo del impuesto del 50% por una vivienda vacía. Algo que luego fue anulado por el Tribunal Supremo. La nueva ley puede permitir al consistorio que lidera Ada Colau recuperarlo. La segunda más grande es Sevilla, con sus 691.395 ciudadanos, según los datos del INE de 2020 recopilados por esta redacción. La capital andaluza también aplica ese 'extra' del 50%. Lo mismo ocurre en Zaragoza, donde viven 681.877 personas. Volviendo a Andalucía, en Córdoba (326.039 habitantes) se aplica el mismo porcentaje de la tasa. Tal y como hace A Coruña, que roza los 250.000 censados.
Una gran parte de los municipios que optaron por esta imposición se encuentran en Cataluña. En total, hay más de 70 ayuntamientos catalanes que llevan a cabo una imposición de este tipo. Los más habitados son Hospitalet de Llobregat (269.382 habitantes), Mataró (129.661), Santa Coloma de Gramenet (120.443) y Terrassa (223.627). En todos ellos rige el recargo del 50%. Una política que encaja con las de la Generalitat, que ya dispone de un impuesto para este mismo fin. En otras autonomías, destacan Ibiza, en Baleares; Almería, en Andalucía; y Logroño, en La Rioja. Todas utilizan ese 50% 'extra' para castigar a los propietarios con pisos no habitados.
El contraste está en la Comunidad de Madrid, donde las políticas van en el sentido contrario. Tanto el gobierno autonómico como el ayuntamiento de la capital ya han advertido de que no aplicarán la Ley de Vivienda. Aun así, hay varios grandes municipios que sí penalizan la vivienda vacía. La mayor de todas es Móstoles, donde residen 210.309 personas y se aplica un plus del 50%. La siguiente es Alcalá de Henares, que impone ese 50% entre sus 197.562 ciudadanos. Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Parla son las otras grandes ciudades madrileñas que superan los 100.000 ciudadanos que imponen el mismo porcentaje de recargo.
Las visiones judiciales
La cuestión de gravar con más IBI se ha trasladado en varias ocasiones a los tribunales. Y en la mayoría de ocasiones, el Tribunal Constitucional ha respaldado esas imposiciones cuando han venido de diputaciones o gobiernos autonómicos. Es lo que ocurrió con otro recargo del 150% que pusieron en marcha las Juntas Generales de Guipúzcoa, que contó con el aval del TC tras la inadmisión de una cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según el tribunal de garantías, "la no utilización de un bien o su uso no habitual ponen de manifiesto una riqueza real o potencial cuyo gravamen, en lo que aquí interesa a través de un recargo en el IBI del territorio histórico de Gipuzkoa, es coherente con el principio de capacidad económica".
Otro caso de respaldo a los recargos tuvo como protagonista a Cataluña. El Constitucional también dio su aval al impuesto que aprobó el Parlament de Cataluña para gravar a los pisos sin inquilinos, desestimando así el recurso que interpuso el Gobierno de Mariano Rajoy. El que no lo vio de la misma manera fue el Tribunal Supremo, que anuló la imposición aprobada por el Ayuntamiento de Badalona del 50%. Algo que afectaba a viviendas propiedad de bancos y fondos de inversión inmobiliarios que estuvieran vacías.
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