Martes, 5 de octubre de 2021, 8 de la mañana. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, 'enviado especial' del Gobierno para desbloquear el acuerdo presupuestario entre los socios de la coalición, se reúne en el complejo de La Moncloa con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y con la responsable de Hacienda, María Jesús Montero. Con el borrador de los Presupuestos prácticamente cerrado, un solo punto en el orden del día: la intervención del mercado del alquiler, en el marco de la Ley de Vivienda que Unidas Podemos ha vinculado desde el minuto uno a los PGE. Hora y media de encuentro solo sirve para constatar el desacuerdo. Y es entonces cuando interviene Pedro Sánchez, que 'llama a filas' a Yolanda Díaz y a ambos equipos negociadores y consigue desbloquear el acuerdo con una cesión: accede a obligar a los grandes propietarios de vivienda a bajar los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado. Habemus pacto.
El 'timing' no escrito para la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 marcaba desde el inicio de las negociaciones entre los socios de la coalición que, en caso de bloqueo, los asuntos más controvertidos se resolverían en un 'cara a cara' entre el presidente y la vicepresidenta segunda. No obstante, durante las últimas semanas, los equipos negociadores insistían en que "no todo" se podía elevar a esa cita bilateral entre Sánchez y Díaz y se afanaban en acercar posturas, algo que finalmente se consiguió en la instauración de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, pero fue imposible en lo relativo a la regulación de los alquileres. Ante el bloqueo persistente hasta el mismo lunes, y mirando de reojo a los posibles apoyos parlamentarios al proyecto presupuestario, el PSOE pisó el acelerador e intensificó los contactos en las últimas horas.
El giro del presidente del Gobierno en la antesala del Consejo de Ministros fue clave, según revelan fuentes gubernamentales. El grueso de la Ley de Vivienda estaba cerrado en lo que se refiere a asuntos como la reserva de suelo para alquiler social o el impuesto a la vivienda vacía a través de un recargo del IBI e incluso en la definición de gran tenedor (propietarios de más de 10 viviendas), pero estaba atascada en la regulación de los precios del alquiler. Fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones explican que, mientras el apartado de los pequeños propietarios, para los que se plantea la congelación de los precios e incentivos fiscales para bajarlos, estaba prácticamente acordado, el PSOE mostraba reticencias a obligar a bajar los precios a los grandes propietarios en las zonas tensionadas. Sánchez cedió a este último punto en la mañana del martes y amarró los PGE.
En Unidas Podemos no dieron por hecho el acuerdo hasta la cesión final de Sánchez y, de hecho, pasaron buena parte del desayuno del martes desconfiando de las pretensiones de los socialistas, a quienes han venido acusando en público y en privado de incumplir el pacto de coalición y de proteger a los grandes fondos. La reunión del presidente este verano en EEUU con los fondos de inversión que se verían afectados por la norma, como BlackRock o Blackstone, no gustó ni a los socios de la coalición ni a las plataformas sociales implicadas, que no ocultaron su rechazo a este 'cortejo'. También desde el arco parlamentario, ERC o EH Bildu avisaron de que o había Ley de Vivienda en la coalición o plantearían su propio proyecto en el Congreso para obligar al PSOE a retratarse, algo que hicieron hace unos días.
Finalmente, el PSOE ha cedido. Las prisas por amarrar el acuerdo presupuestario en los últimos días, tras dos meses de negociaciones en los que el ala socialista de la coalición se ha mostrado más bien parsimoniosa, según se han quejado desde el área morada del Gobierno, han forzado a Pedro Sánchez a intervenir en el tiempo de descuento y decir sí a limitar el negocio de los grandes propietarios de vivienda a través de una rebaja forzada de los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Una cesión que perdió protagonismo cuando el presidente salió a anunciar un 'bono joven' de ayuda al alquiler de vivienda, de 250 euros mensuales durante dos años, para jóvenes de 18 a 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros anuales.
La 'bomba' de Sánchez acaparó la atención minutos antes de que arrancara la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que el ministro de la Presidencia ofreció los detalles del acuerdo presupuestario y de la Ley de Vivienda, poniendo el foco, eso sí, en los incentivos fiscales de hasta el 90% para los propietarios que limiten los precios de sus viviendas en alquiler. Fuentes de la vicepresidencia segunda aseguran no tener "problema" con que el presidente lanzase ese anuncio, aunque en la práctica monopolizó el rédito político y dejó la regulación de los alquileres en un segundo plano, si bien otras fuentes de Unidas Podemos cuestionan que Sánchez, en connivencia con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "se sacó de la manga" esa medida, que "sin regulación de precios solo sirve para sufragar con dinero público alquileres abusivos".
Sea como fuere, el giro de Sánchez que ha permitido cerrar el borrador para los segundos Presupuestos de la coalición progresista ha pegado un acelerón al calendario. El Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria este jueves para aprobar el proyecto presupuestario y remitirlo al Congreso de los Diputados cuanto antes para iniciar su tramitación parlamentaria. Lo que no verá la luz por el momento es la Ley de Vivienda, y es que fuentes gubernamentales desvelan que "aún quedan flecos por cerrar", por ejemplo, en lo que se refiere a la prohibición de los desahucios. De momento, se ha salvado el mayor escollo, que era la regulación de los alquileres, pero la norma todavía no está lista para ir al Consejo de Ministros, algo que sucederá "en las próximas semanas", indican las fuentes consultadas.
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