El nuevo impuesto para las viviendas vacías que llegará con los nuevos PGE

Después de casi un año de negociaciones, tensiones y retraso acumulado, el PSOE y Unidas Podemos pactaron durante el día de ayer la primera Ley de Vivienda Estatal que formará parte del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (2022) que este jueves aprobará el Gobierno en un consejo de ministros extraordinario. 

Aunque aún faltan por conocer los detalles más técnicos, sí que han trascendido algunas medidas como la polémica intervención del mercado del alquiler, que supondrá que se bajen precios por ley en zonas tensionadas. Una medida que afectará a los grandes propietarios, definidos como aquellas personas jurídicas que tienen más de 10 viviendas y a los que la norma obligará a reducir el precio del arrendamiento que cobran a sus inquilinos. 

Otras partes de la Ley estarán vinculadas a la fiscalidad. La mayor novedad está en el recargo especial sobre las viviendas vacías, por el que se permitirá a los ayuntamientos subir el IBI hasta un 150%. Esto supone que se cree de facto el conocido como "impuesto a la vivienda vacía", que era una demanda de los morados desde su nacimiento. Los parques públicos de vivienda recibirán un impulso con el nuevo marco.

En manos de las CCAA

 La apuesta implicará que se reserven el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de ese porcentaje deberá destinarse a alquiler social, apuntan las mismas fuentes de UP.

Tanto en lo del IBI como en el control de precios, la última palabra la tendrán las comunidades autónomas y los consistorios. Las competencias de vivienda están transferidas a ambas administraciones, por lo que son las encargadas de definir las políticas de vivienda que rigen en sus territorios. La nueva norma les permitirá renovar o adaptar sus estrategias en la materia. Es decir, les habilitará para ello. Pero no habrá obligación de cumplir a rajatabla las medidas que se integrarán en la legislación de carácter estatal.