Las posibles novedades de la futura legislación estatal de Vivienda pueden ir más allá de garantizar el acceso a la misma o la polémica regulación de los precios del alquiler. A falta del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para sacar la ley adelante, entre los aspectos que se están discutiendo para el texto final se encuentra el papel de los inquilinos y la cobertura legal que pueden tener a la hora de negociar un alquiler. Esto es lo que ha llevado a que se esté estudiando dar un estatus jurídico distinto a las asociaciones que se ponen del lado de los arrendatarios, como el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. El fin de ese planteamiento es que puedan tener una consideración jurídica similar a la de los sindicatos clásicos del mundo laboral, como ha podido saber La Información. Lo que permitiría que fueran un actor clave al ponerlas al mismo nivel que las patronales inmobiliarias.
Esta medida supondría una especie de 'legalización' del Sindicato de Inquilinos y otras organizaciones similares, que actualmente solo pueden inscribirse en los registros de asociaciones que gestionan las comunidades autónomas. La inclusión de este extremo en la ley implicaría la creación de mesas de negociación para cuestiones de alquiler de vivienda, como señalan las fuentes consultadas por este medio. En estos foros habría representación de tres actores, que serían las administraciones, el sector inmobiliario y las organizaciones de representación de los inquilinos. El cometido de estos encuentros sería el de discutir asuntos como las subidas de precios o la interpretación de las regulaciones existentes.
Otra novedad sería la de permitir que esas nuevas entidades pudieran estar presentes en las firmas de los contratos de alquiler. Ya fuera por una entrada en un piso o por una renovación, estarían legitimadas para formar parte de las conversaciones si el inquilino así lo deseara. Una fórmula parecida a la de las firmas de contratos laborales o en los despidos, donde un representante sindical puede acompañar al trabajador para asesorarle o indicarle sobre qué puede hacer con los documentos que tiene delante. La otra novedad es que los sindicatos de inquilinos podrían actuar como intermediarios para esos contratos de arrendamiento. Es decir, harían lo mismo que las agencias inmobiliarias hacen con los caseros que contratan sus servicios. Aunque en este caso sería para particulares interesados en alquilar.
Este nuevo modelo sería muy similar a los de otros países o grandes ciudades donde el alquiler es la fórmula mayoritaria, según explican las fuentes consultadas. En primer lugar, podrían formar parte de la elaboración de índices de precios, como el que creó el Ministerio de Transportes o el que se utiliza en Cataluña. El siguiente paso sería el de exportar al resto del Estado ese modelo catalán, por el que puede haber sanciones para los propietarios que ofrezcan una vivienda a un precio superior al que marca ese índice. "Podrían actuar sobre el diseño de una nueva normativa y participar en las actualizaciones que se hagan de las distintas zonas", explican las fuentes consultadas.
Los ejemplos de legislación que se han utilizado para la propuesta están en Suecia, Estados Unidos o Alemania. Como señalan las mismas fuentes, en el país germano "todas las partes tienen un papel en los alquileres", incluyendo así a los inquilinos. Otro caso es el de Nueva York, en el que existen "juntas arbitrales" que son las que deciden si los precios están acordes al mercado o si necesitan una revisión. El caso sueco es el más atractivo para quienes defienden regulaciones de este tipo. "Allí hay comisiones tripartitas, donde está la administración, los propietarios y los que viven en las casas de estos últimos. Además, se pactan las subidas que puedan aplicarse", inciden las fuentes consultadas.
El cambio en el sistema inmobiliario que se produciría "llevaría a que todo el que quiere alquilar estuviera interesado en afiliarse a un sindicato especializado en esta práctica", aseguran las fuentes de la negociación. Actualmente, las inmobiliarias no tienen la obligación de reunirse con las asociaciones de este tipo para negociar los contratos de arrendamiento. Una postura de la que no se han movido, especialmente en Cataluña, donde el Sindicat de Llogateres tiene una gran presencia. La ley les asiste para no tener que hacerlo. La futura Ley de Vivienda es la que cambiaría esto, ya que ese nuevo estatus jurídico podría obligar a las agencias del sector a tener en cuenta a estos nuevos actores.
La duda está en cómo se llevará a cabo este encaje jurídico para que un alquilado pueda solicitar la asistencia de una organización de este tipo para cualquier proceso de la firma con el casero. Actualmente, los sindicatos están reconocidos en la Constitución en su función laboral y su actividad se regula en la ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Aún no se ha decidido si la legislación estatal de Vivienda llevaría a modificar la ley anterior o si habría que crear una nueva figura jurídica. La complejidad de este proceso es el que más dudas genera en la negociación, según apuntan las fuentes consultadas. Actualmente, el Sindicato de Inquilinos también está reconocido como grupo de interés ante el Parlamento.
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