El Gobierno se plantea que los caseros paguen los honorarios por un alquiler

Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos por la futura Ley de Vivienda continúan alargándose sin que haya expectativas de que alcancen un acuerdo inminente. La gran discrepancia continúa siendo la regulación de los precios de los alquileres, algo que los socialistas rechazan y que los morados consideran imprescindible. Pero en ese tira y afloja hay otros aspectos que no son tan conflictivos y que se están estudiando. Uno de ellos es la posibilidad de dar un giro a los honorarios para las inmobiliarias cuando gestionan un alquiler. La idea que se está estudiando es que de ese pago pasen a encargarse los caseros, según explican fuentes de la negociación a La Información. Algo que supondría un cambio de modelo en el mercado del que se beneficiarían los particulares.

Actualmente, los encargados de abonar ese servicio de intermediación son los inquilinos. Algo a lo que se ven expuestos por ser persona física, dado que si el arrendatario o comprador es una persona jurídica el pago lo debe asumir el vendedor o arrendador. Esto obliga a que quien alquila un piso tenga que pagar una cantidad determinada en las condiciones del contrato junto a las ya contempladas. Por lo que deberá sumar un extra a lo exigido como fianza y las mensualidades reclamadas por el propietario. Una circunstancia de la que ya se avisa en las ofertas de vivienda que las agencias del sector publican en los portales inmobiliarios.  

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El fin de incluir este extremo en la legislación es acabar con una práctica que sus críticos consideran muy ventajosa para dos de las partes, que son los caseros y las firmas del sector. Lo que conlleva que los 'perjudicados' puedan ser los arrendatarios, que se ven forzados a pagar más dinero por hacerse con el piso que les interesa. Tampoco hay una legislación estatal que regule esas actuaciones o las cantidades a pagar. De hecho, el Real Decreto-Ley 7/2019 del 1 de marzo de Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler se limitó a regular esa relación entre propietarios, inmobiliarias y personas jurídicas antes mencionada. Lo mismo ocurre en las autonomías, ya que no está delimitado cómo debe funcionar ese proceso.

Las fuentes consultadas recuerdan que la propuesta partió de Unidas Podemos, que asumió así una de las reclamaciones que llevan planteando desde hace tiempo asociaciones como el Sindicat de Llogateres i Llogaters. Según denunciaron los impulsores de la medida, en el mercado actual se produce una situación en la que el que siempre sale perdiendo es el que quiere hacerse con una habitación o una vivienda completo. "En cuanto un particular pone su propiedad en el mercado, las agencias intentan convencerles para que les permitan gestionarles la propiedad en el mercado. Por lo que quien recibe los servicios de la inmobiliaria son ellos. Aun así, pagan esa labor los inquilinos", argumentan las mismas fuentes.

De producirse este cambio, las más perjudicadas podrían pasar a ser las agencias. "Esto puede provocar que el propietario de la vivienda de alquiler deba decidir si le interesa que le hagan ese servicio o encargarse él directamente", señalan fuentes conocedoras de la negociación de la legislación de vivienda. El nuevo escenario implicaría que "ya no existiría ese sistema en el que no pagas nada y en el que te calculan una posible subida del precio por el que ofreciste la vivienda", insisten las mismas fuentes. Esto también supondría que España tomara el mismo camino que otros países, como Reino Unido. En el país británico ya se prohibió hace años que las inmobiliarias cobraran comisiones a los inquilinos en los contratos de alquiler. 

Este es uno de esos puntos de la futura legislación estatal sobre los que hay "diferencias" que sí se pueden encauzar con el avance de la negociación entre PSOE y Unidas Podemos, como ha podido saber este diario. Lo mismo ocurre con un posible blindaje a los contratos de alquiler que les dé más estabilidad. Una de las propuestas que están sobre la mesa es la de fomentar la renovación automática de los acuerdos entre inquilinos y caseros. Lo cual se produciría siempre que el propietario no reclame la vivienda para uso propio o el de un familiar. La última reforma en esta materia se produjo en 2019, cuando se ampliaron de tres a cinco los años de prórroga obligatoria. 

Mientras se suceden las conversaciones entre los interlocutores, que ahora son la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, los morados aumentan la presión desde el Congreso. Este mismo jueves han registrado una legislación alternativa junto a ERC, Más País, Bildu, Junts Per Catalunya, CUP, Compromís, BNG y Coalición Canaria. Dicha norma, apoyada por colectivos como la PAH o el Sindicat de Llogaters, establece que haya multas de hasta 900.000 euros a quienes no limiten los precios del alquiler en zonas tensionadas.