En su comunicado, ha detallado que entre estos abusos figuran asesinatos, violaciones y arrestos arbitrarios por parte de las tropas gubernamentales, y secuestros por parte de los rebeldes.
Las investigaciones de la ONG incluyen entrevistas a 70 víctimas y testigos en Yei, capital del recientemente creado estado de Río Yei, en Ecuatoria Central.
Sin embargo, y a causa de la inseguridad, los investigadores no lograron salir de la ciudad y analizar la situación en las zonas de Mugwo, Rubeke y Mitika, donde se han denunciado numerosos abusos.
Residentes de Yei han relatado ataques contra civiles y el temor a ser arrestados, agregando que los combates han provocado desplazamientos masivos desde principios de julio.
Los combates entre el Ejército y los rebeldes, así como los ataques de ambas partes contra la población civil, han ido en aumento en el sur del país después de los enfrentamientos registrados en julio en la capital, Yuba, que se saldaron con 300 muertos.
En agosto, atacantes no identificados mataron a una mujer y su hija de cuatro años a machetazos, tras lo que tiraron sus cuerpos en un río. Un bebé de cuatro meses resultó herido en el cuello, pero sobrevivió.
HRW ha documentado además "numerosos casos" de detenciones arbitrarios de civiles por parte de las tropas gubernamentales en la localidad, afirmando que "sigue un patrón por parte del Ejército en Yuba, Yambio y Wau".
Asimismo, ha agregado que rebeldes vinculados al exvicepresidente Riek Machar atacaron un convoy de vehículos que evacuaba civiles de Yei, matando a varios miembros de la comunidad dinka, a la que pertenece el presidente, Riek Machar.
El director de HRW para África, Daniel Bekele, ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apruebe un embargo de armas, argumentando que "ayudaría a reducir los ataques contra civiles".
"Este conflicto horrible ha tenido un impacto devastador sobre los civiles sursudaneses, y está empeorando en parte porque nadie ha sufrido las consecuencias por haber cometido graves crímenes", ha valorado.
Por ello, ha reclamado, además de la aplicación de un embargo de armas, que Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y otros "gobiernos clave" anuncien sanciones y que el tribuna híbrido de la UA juzgue a los responsables de crímenes internacionales.
EL CONFLICTO
La violencia ha ido en aumento en el que es el país más joven de África desde los combates de julio en la capital entre tropas leales a Kiir y Machar.
Machar huyó de Sudán del Sur y se trasladó a Sudán --y después a Sudáfrica--, desde donde emplazó a sus fuerzas a reorganizarse para mantener una "resistencia armada" frente al Gobierno de Kiir.
La rivalidad entre Kiir, de etnia dinka, y Machar, que es nuer, se tradujo en un primer conflicto en diciembre de 2013, cuando el presidente del país decidió cesar a Machar como su número dos.
El conflicto entre los dos bandos terminó con un acuerdo de paz firmado en agosto de 2015 y que implicaba el regreso de Machar a para que volviera a ser nombrado vicepresidente del país, nombramiento que llegó en abril de 2016.
Sin embargo, las continuas violaciones del pacto y los graves combates de julio llevaron al cese de Machar, que fue relevado en el cargo por el general Taban Deng Gai.
La semana pasada, la representante especial de Naciones Unidas en Sudán del Sur, Ellen Maregrethe Loj, alertó de que el país corre el riesgo de volver a verse inmerso en una guerra civil a gran escala.
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