La preocupación por el homicidio de varios líderes comunales en los últimos días se apoderaba este domingo de Colombia, donde sectores han considerado que un aumento de la violencia puede afectar la puesta en marcha del nuevo acuerdo de paz con las FARC.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA expresó en un comunicado "su preocupación" por la seguridad de los líderes comunales del país, al citar un informe en el que organizaciones de acción comunal advirtieron al gobierno del homicidio de 33 de sus miembros durante 2016.
El organismo destacó "las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los integrantes de organizaciones de acción comunal, movimiento históricamente afectado por el conflicto" armado interno, y dijo que según el reporte en el año también ha habido "dos casos de desaparición forzada y múltiples situaciones de amenaza".
En los últimos días, organizaciones comunitarias y de defensa a los derechos humanos han denunciado varios asesinatos y atentados contra sus líderes, especialmente en el departamento de Caquetá, ubicado en el sur del país.
La prensa local recoge al menos cuatro casos de asesinatos en las dos últimas semanas en Caquetá y otro en el Meta (centro).
Precisamente este domingo, el negociador de paz de las FARC Pablo Catatumbo dijo en su cuenta de Twitter que la guerrilla condena el "asesinato sistemático de líderes campesinos".
"Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad. Vuelve la guerra sucia", escribió el líder guerrillero, refiriéndose al pacto para su desmovilización que forma parte de los acuerdos de paz negociados con el gobierno durante cuatro años en Cuba.
Ante este panorama, el presidente Juan Manuel Santos informó en la misma red social que llamó a una reunión "para tomar acciones contra crímenes y agresiones a líderes sociales".
"Convoqué a Comisión de alto nivel de DD.HH para tomar acciones contra crímenes y agresiones a líderes sociales. Paz en Colombia no da espera", dijo el mandatario en Twitter.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, llamó a su veza "enfrentar a los enemigos de la paz en Colombia", al referirse a los crímenes contra líderes comunales e informar que ya han sido designados 21 investigadores para resolver los casos de asesinatos, agresiones y amenazas.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaron hace una semana en La Habana un segundo acuerdo de paz con el gobierno de Santos, luego de que el primero fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre.
Las partes han llamado a la rápida implementación de este acuerdo debido a la "fragilidad" del cese al fuego bilateral que está en vigencia desde fines de agosto y que decidieron mantener mientras se renegociaba el pacto de paz para incluirle propuestas de la oposición.
Para la OEA, el asesinato de líderes sociales "no sólo supone una revictimización del movimiento comunal, sino una fuerte afectación a las comunidades y las iniciativas que representan".
Por tanto, el organismo llamó a las autoridades a esclarecer los hechos y disponer de "todos los recursos necesarios para garantizar plenamente la vida e integridad de los comunales".
El conflicto armado colombiano de más de medio siglo ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes estatales, con un saldo de al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
lda/dg
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