Hernán Cruz temió no regresar a su tierra tras abandonarla hace 16 años por combates entre las FARC y el Ejército. Hoy encarna una historia exitosa de restitución de predios despojados a campesinos por el conflicto en Colombia, un proceso en el ojo del huracán.
"Volver es lo mejor que le puede pasar a uno. En 2014 obtuve el fallo (judicial) y ya retorné del todo. Ahora cultivo hectárea y media de plátano y más de media de café", dice a la AFP sobre su recuperada propiedad en Tolima (centro), cuna en 1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
Como otros vecinos de la zona, este agricultor de 49 años también huyó de la "vacuna" (impuesto ilegal sobre la cosecha) de las FARC, actualmente en la recta final de un proceso de paz impulsado por el presidente Juan Manuel Santos para poner fin a medio siglo de conflagración interna.
Hernán, uno de los 6,8 millones de desplazados por la violencia desde los años 1960, recibió del gobierno unos 8.000 dólares para sacar adelante sus proyectos agrícolas como beneficiario de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras.
Esta norma de 2011 prevé la devolución y formalización de los predios a quienes fueron víctimas del desalojo forzoso a partir del 1 de enero de 1991 y debido al conflicto.
"Esta ley es para devolverle su tierrita a los verdaderos dueños. A esas personas que fueron despojados a punta de fusil, a punta de violencia", dijo Santos el fin de semana pasado durante la entrega de más de 500 hectáreas en Chaparral, Tolima, muy cerca del predio de Hernán.
Este proceso, que para 2021 prevé restituir seis millones de hectáreas quitadas a sus legítimos dueños, no debe ser usado para buscar réditos políticos, dividir al país o sembrar odios y miedos, enfatizó Santos, un presidente de centroderecha en cuyo primer mandato (2010-2014) fue aprobada la norma.
Considerada el jueves por la ONU "como un instrumento importante para facilitar la construcción de la paz y la reconciliación", la Ley 1448 no ha estado exenta de polémica.
El procurador Alejandro Órdoñez y el representante del poderoso sector ganadero José Félix Lafaurie, ambos de derecha y férreos opositores a Santos, reunieron a unas 3.000 personas inconformes con esta normativa en una región del Magdalena (norte), zona de influencia de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar surgido en los años 1980 para luchar contra las guerrillas.
La Ley 1448 es "la cuota inicial de control territorial de ciertos actores armados", dijo Lafaurie en un acto en Sabanas de San Ángel, a unos 170 km de Santa Marta.
"No se puede confundir a los opositores con los victimarios", complementó Ordóñez, al denunciar que supuestos insurgentes se estarían haciendo pasar por víctimas para aprovecharse de la ley.
Según Alejandro Reyes, experto en temas de conflictos por la tierra y asesor del ministerio de Agricultura, esos hechos evidencian una "campaña antirrestitución".
"Lafaurie y su esposa senadora (María Fernanda Cabal, del partido del expresidente de derecha Álvaro Uribe) ya organizaron asociaciones de campesinos enemigos de la restitución", señaló en una columna en el diario El Espectador.
Para las FARC, la ley "ha sido un fracaso". Así lo dijo el lunes a medios colombianos desde Cuba, sede de los diálogos con el gobierno, el negociador de la guerrilla Jesús Santrich. "Ha sido insuficiente y existen grupos paramilitares que no quieren dejarla avanzar".
El senador izquierdista Iván Cepeda denunció por su parte el miércoles en el Congreso el surgimiento de un proceso antirrestitución en Magdalena, presuntamente orquestado por exparamilitares.
Días atrás, la Fundación Paz y Reconciliación, una ONG de seguimiento del conflicto, puso el foco en otro tema cuestionado. "En la mitad del tiempo que tiene el Gobierno Nacional para restituir, sólo ha realizado el 3,4% del total de las solicitudes", dijo en un comunicado.
Según la estatal Unidad de Restitución de Tierras (URT), a la fecha unas 200.000 hectáreas de tierra se han devuelto a más de 20.000 personas. A fin de mes vence el plazo que la Corte Constitucional dio a la URT para que presente un plan estratégico para cumplir la meta de 2021.
Ana Acosta, un ama de casa de 48 años, hace parte de esos 20.000 beneficiarios. Ella volvió a su predio en el municipio de Ataco (Tolima), tras tener que irse en 2001 amenazada por el fuego cruzado de las FARC y los militares.
"Regresar fue una sensación hermosa", dijo a la AFP.
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