En su informe sobre el ejercicio 2016, la institución que dirige Soledad Becerril detalla que para obtener una reducción de la renta de alquiler social se exigen certificados que debe emitir otra administración, "con un coste que los ciudadanos que se encuentran en situación precaria no pueden pagar".
Así, la institución recomienda promover un convenio de colaboración en materia de suministro o de intercambio de información entre las "distintas administraciones que tienen que acreditar que el interesado cumple con las condiciones para ser beneficiario de esa reducción del precio de la renta de las viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda de Madrid".
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