Blanco: "El coste de las infraestructuras deben asumirlo solidariamente todas las generaciones"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy un plan extraordinario de infraestructuras que movilizará 17.000 millones de euros entre 2010 y 2011. Con este proyecto, el Ejecutivo quiere rescatar al endeble sector constructor y garantizar el empleo de 400.000 trabajadores. Pero no será gratis: para hacer frente a esta faraónica idea, el gobierno tendrá que destinar el 8% del presupuesto de la Dirección General de Carreteras y la de Ferrocarriles durante los próximos 25 o 30 años.

Además, Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, financiará en torno a la mitad de este plan con su propio endudamiento y recursos propios. Este papel protagonista de Adif se debe a que sus inversiones no computan en déficit.

El ministro de Fomento, José Blanco, ha defendido este modelo concesional sobre la idea de que "el coste de las infraestructuras deben asumirlo, solidariamente, todas las generaciones que lo van a disfrutar",

Con este esquema, el Gobierno puede movilizar un plan histórico de inversión y romper con el plan de austeridad porque, entre otros motivos, el Estado no empezará a pagar hasta 2014. Será a partir de ese momento cuando empezará a destinar el 8% del  presupuesto anual de carreteras y ferrocarriles a sufragar este plan.

En torno al 70% de las inversiones se destinarán a ferrocarriles, fundamentalmente al AVE, aunque también hay hueco para otras redes como el transporte de mercancías.

El ministro de Fomento, José Blanco, prevé cerrar la financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Insituto de Crédito Oficial (ICO), las patronales de bancos y cajas (la AEB y la CECA) en los próximos días cuando detallará en concreto qué proyectos van a llevar a cabo con este fondo extraordinario.

Sin avales del Estado

Lo que ya ha quedado descartado por parte de la banca es la exigencia de avales del Estado y de créditos participativos para financiar el plan. Dos medidas que, en cambio, sí pedían las constructoras. Estas deberán aportar el 20% del capital en cada proyecto.

A cambio, para que la financiación de estos contratos sea más atractiva, el diseño hecho por el Ministerio de Fomento elimina el denominado 'riesgo de tráfico' (por ejemplo, el que va ligado a una autopista en la que, de repente, el volumen de circulación de coches sea muy inferior al proyectado inicialmente). Esto es así porque el 70% de la inversión va ligada a ferrocarriles, donde no hay riesgo de tráfico, y a proyectos de carreteras, dirigidos a cerrar itinerarios ya abiertos.