Cuatro maneras de abaratar el despido que no dejarían al Gobierno en tan mal lugar

La reforma laboral ya es cosa del Gobierno del Partido Popular. Los empresarios y sindicatos han tenido su plazo y ahora le toca al Ministerio de Empleo de Fátima Báñez determinar cómo cambiar el mercado de trabajo en España para reducir los cinco millones de parados que arrastra.

En la mesa de su despacho, decenas de ideas sobre cómo cambiar los modelos de contratación, indemnizaciones, prestaciones por desempleo y negociación colectiva. La base son las 71 enmiendas que los populares presentaron en el Congreso en la última reforma socialista. También, lo filtrado de las reuniones preparatorias.

Sobre lo fácil, como lo de eliminar los puentes o el papel de las mutuas en el control del absentismo, hay consenso y podrían abordarse ya en los Consejos de Ministros más inminentes.

Repasamos, en cambio, las opciones que maneja el Ejecutivo sobre el aspecto más espinoso de la reforma: el modelo de contratación (muy criticado por su excesiva heterogeneidad en nuestro país) y las indemnizaciones por despido.

1) Generalización del contrato con una indemnización de 33 días por año trabajado con máximo de 24 mensualidades.

En España, la modalidad estándar estipula hasta los 45 días por despido improcedente incluso para las conversiones desde temporales. Pero existe también el de Fomento para la contratación (el de 33), que sólo se aplica sobre ciertos colectivos (menores de 30 años, mayores de 45... o con cierta antigüedad en el paro).

La salida del Gobierno pasa por que todas las conversiones de eventuales, por ejemplo, pasen a indefinidos de 33 días, así como abrir la mano en su acceso general se esté o no en el paro. No se abarata el despido de forma directa, sino que se cambia el contrato más común.

Desde Moncloa sí se ha negado la creación de un nuevo contrato (incluso único) con un despido de 20 días (o menos), tal y como reclamaban desde la patronal.

2) ¿Contrato de crisis? Para el caso de que se opte por una medida de aplicación limitada (por ejemplo, dos años, como ha sucedido con la subida fiscal), también se podría adoptar que todo nuevo contrato que se firme se acoja a los 33 días hasta la primavera de 2014. El problema de esta medida es cuando se regresara a la normalidad.

En cualquier caso, las opciones 1) y 2) avalan la tesis oficial de que no se tocará el despido (eso asegura el Gobierno) sino la contratación.

3) El aliado de la crisis. Tampoco sería legislar nada nuevo sobre despido aclarar las causas por las que una empresa puede rescindir un empleo fijo con una compensación de 20 días por año debido a una situación extrema de crisis.

La medida fue aprobada por el PSOE, pero siempre pecó de inconcreción, incluso tras varios retoques en su articulación. Al final, cualquier caso que terminara en la justicia daba la razón al trabajador y se la quitaba a la empresa.

La solución es crear un baremo que deje tan clara la aplicación de la norma que ningún juez pueda decir lo contrario. Tampoco sería legislar sobre el despido, ya que esta acción entronca más con la llamada flexibilidad laboral de las empresas.

4) Y la guinda: elevar las indemnizaciones para los contratos temporales. Hoy día, los eventuales reciben ocho días por año trabajado si son despedidos. ¿Y si esa indemnización se eleva a 12?

Entre la reducción explicada en el punto 1) y la ampliación de estas indemnizaciones, se fomenta más la contratación indefinida, dado que no merecería la pena recurrir a acuerdos eventuales si no hay demasiada diferencia entre éstos y los fijos.  

De paso, también sirve como posible concesión hacia las reclamaciones sindicales. Y, precisamente, si al final la reforma de Rajoy se queda en estos cuatro parámetros también habría que preguntarse hasta qué punto contentaría a la patronal, ya que los empresarios siempre han reclamado medidas drásticas en todo lo relacionado con los despidos y los costes de contratación.