El Gobierno se asegura que las deudas fiscales nunca prescribirán

El Gobierno no quiere que, por una razón de prescripción en el tiempo, las deudas fiscales no se terminen cobrando. Por eso, el plan contra el fraude aprobado esta mañana recoge que se terminarán cobrando, pasen los años que pasen y que cualquier renta no declarada podrá ser objeto de persecución.

Así lo acaba de confirmar la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha dado visto bueno a un plan especial contra el fraude por el que se pretende recaudar parte de los ingresos necesarios para alcanzar el objetivo de un déficit equivalente al 5,3% del Producto Interior Bruto.

En líneas generales, el plan pretende perseguir con más firmeza y efectividad a los grandes defraudadores y asegurarse que el fisco cobra las deudas pendientes.

No en vano, Sáenz de Santamaría ha recordado que la Agencia Tributaria aún espera el cobro de unos 6.000 miloones de euros de deudas antiguas correspondientes a procesos judiciales abiertos. En principio, el Estado no puede recibir la satisfacción de una deuda hasta que termina todo este proceso.

A partir de ahora, las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, mientras que se adelanta el momento en que la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas cautelares en casos de procedimientos tributarios y de delito fiscal.

En concreto, y sobre esto último, se facilitarán los embargos preventivos de bienes sobre ciudadanos que estén siendo investigados. De esta forma, se evitan situaciones en las que alguien que está incurso en un proceso de inspección vacíe su patrimonio antes de que éste termine.

Dentro de este plan, del que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha querido dar estimaciones de ingresos "para no equivocarnos", también se incluye la prohibición de pagar en efectivo operaciones por encima de los 2.500 euros.

El ámbito de aplicación de esta limitación serán las operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales, por personas físicas con empresas y/o profesionales, y no se aplicará a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares o con entidades de crédito.

El límite es de 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin, según Montoro, "de favorecer al turista que viene a hacer compras en España".

Con todo, se eximirá de sanción al sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en los tres meses de haberse producido el pago.

Hablando de operaciones comerciales, se aplicarán cambios en la aplicación del sistema de módulos, de forma que autónomos con elevados ingresos no se puedan acoger a un sistema que fue ideado para ayudar a los más pequeños. En concreto, se excluyen del modelo a los profesionales que facturen menos del 50% de sus ingresos a particulares.

A la vez, y también como se había adelantado en los días previos, se confirma que los ciudadanos estarán obligados a informar a Hacienda de la existencia de cuentas en el extranjero.

Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo marco para centralizar la compra de vacunas en el ejercicio 2012/2013 y el Plan General de Publicaciones, una de las medidas que está aplicando para mejorar la gestión y abaratar costes, que rebaja un 35% respecto a 2011.