¿Cuántos presos por evasión fiscal hay en las cárceles españolas? Pocos, muy pocos. ¿Cuántos terminan pagando las multas impuestas por la justicia? Menos todavía, teniendo en cuenta que la Agencia Tributaria aún tiene pendiente de cobro 6.000 millones de euros de este tipo de deuda impagada.
Así que el plan contra el fraude fiscal que, casi con toda seguridad, aprobará mañana el Consejo de Ministros incorporará un endurecimiento del régimen sancionador, de forma que no sea tan sencillo evitar la asunción de responsabilidades.
Del mismo modo, otros ajustes normativos que pueden estrechar el cerco sobre el fraudeconsistirían en ampliar el periodo de prescripción del delito (ahora en cinco años) o el máximo de tiempo que se puede investigar un caso por parte de la Agencia Tributaria (de un año en estos momentos).
Además, y para un poco más adelante, el Ministerio apuesta por una reforma del Código Penal, de forma que las condenas de cárcel por evasión de impuestos sean más duras y los grandes defraudadores paguen con la prisión su ilegalidad.
El artículo 305 del Código Penal es el que recoge el delito contra la Hacienda Pública y recoge penas de entre uno y cinco años de cárcel. Al ser un castigo tan bajo, es común que la sentencia no supere los dos años de prisión (sobre todo, porque se pactan reducciones de condena a cambio de devolución de lo defraudado), por lo que un ciudadano sin antecedentes evita terminar entre rejas.
En estos momentos, la franja superior de las penas (los cinco años) sólo se aplica cuando el delito incorpora "la utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario" o concurra una "especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados tributarios".
Es decir, cuando hay grandes tramas dedicadas a la evasión fiscal de forma profesional. A este respecto, los inspectores de Hacienda siempre han reclamado que se carguen las tintas sobre los defraudadores de alto nivel, bien sea con una reforma legal (que exigiría el trámite parlamentario), bien modificando aspectos del régimen sancionador actual.
Asegurarse el cobro
Hasta que se produzca esa reforma del Código Penal, lo que sí se incorporará al plan de fraude fiscal serán medidas para garantizarse el cobro de las deudas por parte de los defraudadores que entren en un proceso judicial.
A este respecto, el Gobierno pretene instaurar el embargo preventivo y el cobro de la deuda al principio del juicio. También se contempla el ingreso en prisión del defraudador con efecto inmediato al inicio del proceso y un seguimiento de los investigados para que no se produzca un vacío patrimonial durante el caso.
Con todo, lo que se evita es que el cobro se demore a lo largo de los años y se acumule deuda pendiente, como sucede con los 6.000 millones que el fisco no ha cobrado aún de procesos anteriores.
La cifra es más que llamativa, ya que todo el plan antifraude espera recuperar 8.000 millones y una cifra de ese volumen también es la mitad de los 12.000 millones que Moncloa espera recaudar en 2012 con sus subidas fiscales.
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