La inflación se descontrola y urge al Gobierno a desligar las pensiones del IPC

Se veía venir. Los primeros datos disponibles sobre la evolución del IPC durante el mes de septiembre han venido a confirmar que la subida del IVA, que entró en vigor el pasado día 1, ha tenido un impacto inmediato y muy relevante sobre el comportamiento de los precios.

Según el avance publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cesta de la compra se encareció nada menos que siete décimas durante este mes hasta elevar el encarecimiento de la vida durante los últimos doce meses en el 3,5%.

¿Ha subido su salario en ese porcentaje en el último año? Si la respuesta es sí, es un tipo muy afortunado, porque las estadísticas oficiales muestran que la subida salarial media reflejada en los convenios colectivos (que regulan las condiciones salariales de la mitad de la población ocupada) fue del 1,47%.

Eso, en el sector privado, porque los empleados públicos, otros tres millones de personas, tienen congelados sus sueldos y se les ha quitado la paga extra de Navidad. Luego, como mínimo, son once millones de trabajadores (sobre un total de 16 millones) los que están perdiendo poder adquisitivo este año.

Esa pérdida de poder adquisitivo, que tiene efectos claros sobre la economía real pues reduce la capacidad de compra de los hogares y, por consiguiente, deprime el consumo privado, esencial, a su vez, para generar actividad económica en el mercado interno, sostener el comercio y, por ejemplo, mejorar la recaudación por IVA, es sólo uno de los efectos de la subida del IPC.

Reforma de las pensiones

Otro muy claro es el encarecimiento de la factura que las pensiones pasan al presupuesto público.

Desde 1996, la Ley de Seguridad Social establece la imposibilidad de que las pensiones puedan perder poder adquisitivo. Para lograrlo, se arbitró un sistema según el cual los años en que la subida de las pensiones se quedara por debajo de la subida del coste de la vida, éstas se revisarían según el dato del IPC del mes de noviembre.

Es decir, que si un año el Gobierno de turno fijara una subida del 2% en las pensiones y el IPC de noviembre fuera del 3%, el presupuesto público debería compensar a los pensionistas con una paga extra equivalente a ese punto de más que subiera el coste de la vida.

Durante los años de bonanza nadie cuestionó esta disposición, que generaba sistemáticamente un importante coste extra a las cuentas del Estado.

Todo ha cambiado con la crisis. Este año, sin ir más lejos, el Gobierno fijó una subida del 1% para las pensiones, mientras que el IPC, según ha revelado hoy el INE, está ya en el 3,5%.

Según el sistema de actualización vigente, de mantener este nivel en noviembre, el Gobierno estaría obligado a compensar a final de año esos 2,5 puntos de desviación.

La Seguridad Social calcula que cada punto de desviación tiene un coste de 200 millones de euros para sus cuentas, así que el sobrecoste para el organismo rondaría los 5.000 millones de euros sólo este año.

En el actual contexto es un coste inasumible y el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para resolver el problema generado por este sistema de actualización de las pensiones.

Según ha publicado lainformacion.com, la propuesta de reforma de las pensiones que el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que llevará en los próximos días a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo incluirá una revisión del sistema de actualización de las pensiones para desvincularla del IPC y fijar otros parámetros "que reflejen de forma más fiable la evolución del coste de la vida", según fuentes de la Seguridad Social.

La idea del Gobierno era negociar esta reforma con los grupos parlamentarios en el último trimestre de este año para que entrara en vigor en 2013, pero el descontrol de la inflación podría empujar al Gobierno a acelerar al menos esta parte de la reforma para sortear ese agujero de 5.000 millones que le podría abrir la revalorización de las pensiones este año.