La receta contra el déficit: congelar el sueldo a los funcionarios y contener gastos

Entre 2000 y 2008, la remuneración por cada trabajador del sector público se ha incrementado un 5,1% anual, frente al 3,2% del resto de países. Suma y sigue, porque el coste salarial por empleado del sector público excede en más de un 20% el coste por empleado en el sector privado, según el estudio, "El Coste de la Administración Pública en España", realizado por Mario González Fuentes, de EAE Business School.

Datos como éste llevan al profesor de Esade Eugenio Recio a recomendar reducir los gastos de personal para conseguir los nuevos objetivos de déficit público fijados por el Gobierno, que contemplan un recorte adicional del 0,5% este año y del 1% en 2010, es decir, un ahorro de 15.000 millones de euros, que se preveia llevar a cabo entre 2012 y 2013, dentro del Plan de Austeridad de 50.000 millones anunciado por el Ejecutivo, y que ahora se han adelantado.

"El margen principal que tiene el Ejecutivo para conseguir este objetivo está en el gasto público, el problema es que las medidas necesarias tienen un coste electoral muy fuerte. Pero la realidad es que en cinco años (2003-2008), el coste de la Administración Pública se ha disparado un 33% y el plan de ahorro del Gobierno apenas contempla un recorte del 4% en los próximos 4 años", señala el profesor Recio.

Sólo en 2010, los gastos de personal se incrementaron un 2,7%, según los Presupuestos Generales del Estado, al pasar de 26.847,7 millones de euros a 27.572,2 millones de euros. Este incremento de 724,5 millones incluye tanto la subida del 0,3% de sueldo de todo el cuerpo público, como otros incrementos, como los trienios por antiguedad. No obstante, sirve como indicador del rápido ahorro que conseguiría el Ejecutivo, simplemente, congelando el sueldo de los funcionarios.

"Aunque sea una medida impopular, tendría un efecto inmediato en la economía", explica el analista de Citi José Luis Martínez Campuzano. En su opinión, para conseguir el ahorro de 5.000 millones adicionales en los próximos siete meses se debe meter la tijera en el terreno del gasto corriente, y esto afecta tanto al sueldo de los trabajadores de la Administración como "aplazar las compras de bienes y servicios, avanzar en la consolidación del sector público y reducir el aparato administrativo".

Su opinión está en línea con la receta de Susana Borraz, socia de Analistas Financieros Internacionales (AFI). "Muchas veces no se ejecutan todos los presupuestos y, por tanto, el Gobierno todavía tiene margen para reducir el gasto corriente, tanto en lo que afecta al personal, como a las compras de bienes y servicios o las transferencias corrientes". En resumen, con una gestión más eficiente y austera.

Esta propuesta iría en la línea de gestionar desde la austeridad y que cada Ministerio presentara, como hicieron el pasado mes de febrero, un esquema de recorte de gastos. Entonces, fue la cartera de Fomento la que hizo frente al mayor ajuste, cifrado en 1.760 millones de euros. Fuentes consultadas por lainformacion.com aseguran que tanto el organismo dirigido por José Blanco como el resto de ministros están haciendo ya números para rebajar todavía más sus gastos.

El plan de ahorro aprobado hace tres meses contemplaba ya un recorte de 3.500 millones de euros por parte de la Administración Central. Sin embargo, en esta ocasión, parece que el Ministerio de Economía quiere cargar más las tintas en las Comunidades Autónomas, según ha dejado leer entre líneas el Ejecutivo.

Lo ha hecho por boca del Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, quien ayer adelantó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tendrá que revisar el acuerdo marco firmado con las comunidades para acelerar su senda del déficit. De hecho, ya hay grupos de trabajo en el seno del CPFF que están estudiando los márgenes de recorte existentes en políticas de sanidad o educación y otros servicios que aportan las comunidades autónomas y que cuyas conclusiones podrían dar lugar nuevas medidas "de carácter normativo o de gestión".

En los Presupuesto Generales de 2010, se contempla un incremento del 12,1% en las transferencias corrientes del Estado a las Comunidades Autónomas. Parte de esta subida se explica por el nuevo modelo de financiación, cuyos 11.000 millones de inyección se han repartido entre 2009 y 2010. Sin embargo, incluso descontando este efecto, los expertos aseguran que el Gobierno tiene margen para rebajar esta partida.

En cambio, lo que descartan todos los expertos es un aumento de impuestos. Al menos, en 2010. Una idea que también intentó dejar de lado ayer Ocaña. "No creo que se adopte una medida de este tipo", sentencia Borraz.