"Se declara por 30 días el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac, y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar en el departamento del Cusco. La Policía mantendrá el control interno con apoyo de las Fuerzas Armadas", señaló la norma.
Con esta disposición se suspenden los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio.
Los enfrentamientos, que dejaron cuatro muertos según fuentes oficiales, comenzaron la tarde del lunes, con pobladores que rechazan la construcción de una planta de tratamiento de minerales en el mayor proyecto minero del Perú, el yacimiento de cobre Las Bambas, de propiedad del consorcio MMG, filial de la china Minmetals, porque consideran que contaminará el agua y sus cultivos.
El proyecto cuprífero se encuentra entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región de Apurímac, y fue vendido por Glencore Xtrata al consorcio MMG en abril de 2014 por casi 6.000 millones de dólares. Es la mayor adquisición en el extranjero de la industria minera China.
El presidente Humala lamentó en la noche del lunes los enfrentamientos y señaló además que el ministerio Energía y Minas busca una solución al reclamo, en momentos en que los pobladores exigen la presencia de autoridades.
El gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, dijo que en Challhuahuacho pobladores de diversas comunidades reiniciaron las protesta contra la construcción de la planta, pese a la declaratoria de emergencia.
Aseguró que el problema de las protestas parte de la falta de diálogo del gobierno con la población. Imágenes de televisión mostraban el martes a policías dispersando manifestantes, con el uso de gases lacrimógenos.
"No ha existido una explicación clara sobre la construcción de la planta y el estudio de impacto ambiental", precisó Venegas.
Según la declaratoria de emergencia, las Fuerzas Armadas deben garantizar el funcionamiento de los servicios públicos resguardando los puntos críticos vitales como carreteras o puentes. Quedan suspendidos además los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio.
Jaime Osorio, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas, señaló que tras la compra de Las Bambas hace un año por MMG, se modificó el Estudio de Impacto Ambiental, sin consultar a la población.
El nuevo estudio, asegura Osorio, descarta la construcción de un mineroducto, lo que obligará a que el transporte del mineral sea en la superficie, con riesgo a contaminar la zona. Otro cambio consiste en la construcción de una planta de molibdeno y de una planta de filtros en la localidad de Fuerabamba, que pobladores creen que afectaría el agua de los ríos.
"Nuestra empresa siempre ha actuado conforme al cumplimiento de la ley y mantiene una voluntad de diálogo permanente. Rechazamos las acusaciones formuladas por grupos violentistas quienes realizando actos delictivos invadieron hoy nuestras instalaciones", dijo Las Bambas en un comunicado.
En Perú las empresas chinas tienen antecedentes negativos en temas ambientales.
El presidente Humala, que llegó al poder en julio de 2011 con un fuerte discurso de critica a las empresas mineras, debió luego moderar su posición, en un país donde la industria de extracción de recursos naturales es una de las principales actividades productivas y clave para el crecimiento económico.
En los últimos meses, y en un año previo a las elecciones presidenciales, las protestas sociales se han incrementado.
Perú es uno de los más importantes productores mundiales de cobre, plata y oro del mundo y Las Bambas, que tendrá una inversión total de 10.000 millones de dólares, le significaría un incremento en el PIB de 1,4% cuando empiece a operar el próximo año, dijo el martes a la prensa el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano.
"No podemos (permitir) que un grupo de gente dirigida con fines políticos entorpezca un proyecto que a lo largo de años se desarrolló con normalidad", agregó.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2015, hasta agosto, se contabilizaron 213 conflictos sociales, de los cuales casi el 67% es de carácter socioambiental.
En mayo, violentas protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, de la filial peruana de la mexicana Southern Copper, en la región de Arequipa (sur), dejó cuatro muertos y también obligaron al gobierno a declarar estado de emergencia por 60 días.
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