El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que se ampliará el perímetro de actuación de la Ley de Transparencia no sólo a los partidos políticos, como ya había avanzado, sino a sindicatos, CEOE y "en general, a todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente, a través de fondos públicos".
Rajoy ha anunciado esta medida en el segmento de su discurso destinado a las medidas para luchar contra la corrupción.
En este marco, también ha anunciado la presentación de una nueva ley orgánica que regulará las obligaciones de transparencia en su información financiera de los partidos políticos, de modo que proporcionen información de toda su actividad, también la de las fundaciones vinculadas a su funcionamiento.
Rajoy ha avanzado que esta ley, para la que ha adelantado que tendrá en cuenta todas las propuestas planteadas por los partidos y las organizaciones sociales, aglutinará las iniciativas dispersas que en este sentido se recogen en distintas leyes actuales.
La nueva norma también regulará, según ha precisado el presidente del Ejecutivo, la contratación de servicios y bienes por parte de los partidos políticos, aclarando las condiciones en que se podrá contratar en su nombre.
El presidente del Gobierno se ha comprometido a incrementar los recursos del Tribunal de Cuentas para fiscalizar la gestión financiera de los partidos políticos, que en la actualidad cuenta únicamente con 24 funcionarios entre auditores, letrados del Estado y técnicos en Contabilidad.
En esta misma línea, se creará, también por Ley Orgánica (el instrumento legislativo de mayor nivel del ordenamiento español, que exige un grado máximo de respaldo parlamentario para salir adelante) una suerte de Estatuto del Cargo Público, que regulará de forma precisa las retribuciones, la protección social y las indemnizaciones que podrán percibir por razón de su cargo.
Regulará, asimismo, la información que deberán proporcionar éstos en su Declaración de Bienes y Patrimonio, y establecerá una auditoría individual de los cargos públicos para constatar que no existan incrementos indebidos de su patrimonio personal durante su estancia en el cargo.
En este marco se reformará también la normativa que regula los conflictos de interés de los políticos.
Por último, también ha avanzado que impulsará una nueva ley para regular el funcionamiento de los grupos de interés económico, los llamados lobbies, uno de los agujeros negros del control financiero del sector público que había identificado Transparencia Internacional.
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