Éstas son las ocho claves que explican el nuevo Plan de Reformas del Gobierno

El Gobierno ha revelado su hoja de ruta para alcanzar los objetivos que se ha marcado para los próximos años: el Plan Nacional de Reformas.

¿Cuales son esos objetivos? Pues, en primer lugar por orden de importancia, devolver las cuentas públicas al margen de déficit que Europa considera asumible: 3% del PIB. Esto ocurrirá en 2016.

Por el camino, el Ejecutivo confiará en las reformas estructurales ya adoptadas (singularmente, la laboral y la del sector financiero) y en diversos ajustes para eliminar barreras que, en su opinión, distorsionan el funcionamiento del mercado para lograr los otros dos grandes objetivos: fomentar el crecimiento y el empleo.

Éstas son las claves del plan gubernamental, que espera contribuir en dos puntos al PIB en los próximos años:

1. Mejorar la gobernanza y la gestión del sector público.

Bajo este epígrafe, el Gobierno enmarca algunas medidas que ha anunciado ya, como la creación de la Autoridad Fiscal Independiente, la Ley de Transparencia o la norma contra la morosidad en las Administraciones Públicas, con otras anunciadas el viernes, como la creación de nuevas figuras tributarias relacionadas con la fiscalidad verde, y algunas que están en estudio, como la reforma de las pensiones, sobre la que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo deberá hacer una propuesta antes de junio.

2. Reformas estructurales.

Moncloa opina que la parte nuclear de las reformas estructurales que se debían hacer, ya se ha realizado. Pese a lo dramático de una realidad estadística que muestra 6,2 millones de parados y una tasa de paro del 27,16%, el Gobierno considera que la reforma laboral ha cumplido su objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y sus efectos se notarán en cuanto la economía adquiera velocidad de crucero

3. Ley de Desindexación de la economía.

El Ministerio de Economía entiende que la vinculación de los salarios y de algunos contratos de suministro a la inflación ha tenido efectos perversos para la economía, y pretende romper esa correa de transmisión por la única vía que puede: desvincular todos los aspectos del funcionamiento del sector público que estén referenciados al IPC de dicho indicador. En principio, la ley no afectará a las pensiones. Se esperará a que sea la Comisión del Pacto de Toledo la que lo haga.

4. Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Desde Moncloa se admite que en Bruselas no terminan de identificar con claridad las ventajas de este proyecto legal, pero la confianza del Gobierno en la capacidad de estimular la actividad económica de las empresas con la supresión de barreras legales y administrativas, la revisión de las duplicidades de gestión entre autonomías y Estado y entre las propias autonomías, y la eliminación del papeles es casi ilimitada.

5. Ley de apoyo al emprendedor

La apuesta del Gobierno para tratar de mover las entrañas del mercado laboral para que se generen nuevos puestos de trabajo. Para ello prevén incentivos fiscales (deducción por reinversión de beneficios), impulso a nuevos canales de financiación no bancaria (créditos ICO, business angels) y medidas administrativas que van desde abaratar el precio de crear una empresa hasta cambiar las leyes para que un fiasco no acabe con el empuje del emprendedor.

6. Liberalización de servicios.

Una de las cuentas pendientes del programa reformista del Gobierno. El Ejecutivo asegura que en tres meses tendrá lista la ley que regulará los servicios y los colegios profesionales, uno de los proyectos más enrevesados y complicados de manejar que tiene el gabinete de Rajoy entre manos

7. Modernización Administraciones Públicas.

La gran reforma de las administraciones públicas anunciada por el Ejecutivo se ha quedado hasta ahora en la presentación de un anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que no ha gustado nada a los ayuntamientos. Además, hay constituída una comisión interministerial para identificar disfunciones en el funcionamiento de la Administración del Estado y tratar de resolverlas. Poco se ha sabido de ella desde su creación, aunque Moncloa asegura que habrá noticias antes de junio.

8. Buen Gobierno de las empresas.

El Ministerio de Economía está trabajando en un proyecto de reforma del Buen Gobierno Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa, que pretende trasladar a las empresas algunas de las iniciativas que ya se han puesto en práctica para las entidades financieras nacionalizadas. El Gobierno anuncia que tendrá especial incidencia en la retribución de los ejecutivos de empresa.