Los expertos detectan un puñado de dudas razonables en el déficit autonómico de 2012

Aparentemente la reducción del déficit de las comunidades autónomas durante el año pasado es la historia de un éxito.

Tras un par de años en que sus planes de ajuste apenas sirvieron para rascar un par de décimas de déficit, de repente el año pasado el desequilibrio negativo de las cuentas autonómicas se desplomó desde el 3,3% del PIB hasta el 1,7%, quedándose a milímetros de cumplir el objetivo del 1,5% establecido en la senda de consolidación fiscal.

El fenómeno cogió con el pie cambiado a los organismos internacionales y a los expertos, que durante los últimos años habían situado a las comunidades autónomas como foco de preocupación y que habían previsto un desvío importante en sus cuentas de 2012.

La cifra final de déficit comunicada por el Gobierno resultó tan sorprendente que más que con admiración fue recibida con desconfianza.

Después, vino el episodio en el que Eurostat obligó al Gobierno a añadir un par de décimas largas al déficit del Reino de España en 2012, elevándolo del 6,73% al 6,98%, por sus maniobras con la contabilización de las devoluciones del IVA y el Impuesto de Sociedades.

Y, ahora, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), uno de los institutos de análisis económico más prestigiosos del país, que arroja dudas sobre la credibilidad del déficit autonómico, ha venido a subrayar la impresión de que el déficit español de 2012 es fruto de un fino ejercicio de ingeniería contable.Los motivos para la sospecha

"Hay cosas muy raras en las cuentas autonómicas a las que el Gobierno debería haber dado una explicación", afirma Juan Rubio, profesor de la Universidad de Duke y uno de los investigadores de Fedea, junto a José Ignacio Conde Ruiz y Carmen Marín, que elaboran trimestralmente el Observatorio Fiscal y Financiero de las comunidades autónomas.

Vayamos con esas rarezas. Las más evidente es la evolución de los gastos corrientes en bienes y servicios de algunos gobiernos autonómicos.

Esta partida es, a grandes rasgos, la que refleja los costes de funcionamiento de una Administración Autonómica determinada, excluídos los de personal, es decir, el pago del recibo de la luz, de los consumibles de oficina, de los materiales educativos, del instrumental médico...

Es un capítulo que admite mejoras de eficiencia (algunas autonomías han ordenado hacer fotocopias por las dos caras, otras han comenzado a adquirir consumibles de forma centralizada para optimizar su uso, se han ajustado los procesos de compra), pero no recortes espectaculares porque hay pagar la luz, disponer de material escolar y dotar de instrumental a los hospitales.

Sin embargo, el año pasado hubo comunidades autónomas que redujeron esta rúbrica de gasto en más de una cuarta parte, como Cantabria, Castilla-La Mancha o Baleares, algo que sólo hubiera sido posible si se hubiera reducido también en una cuarta parte el número de hospitales o escuelas en esos territorios, según Juan Rubio. "Algo que no ha ocurrido", señala. "Algo extraño pasa aquí".

Hay otra posible explicación. Que algunas comunidades autónomas hubieran cargado al presupuesto de 2011 gastos que realmente correspondería abonar en 2012, una posibilidad sobre la que se especuló el año pasado tras conocer el estratosférico déficit presentado por algunas autonomías, pero que tanto éstas como Hacienda han negado reiteradamente.

Otro foco de escepticismo es el capítulo de otros ajustes. Esta rúbrica refleja los ingresos obtenidos de fuentes inesperadas (históricamente muy ocasionales) y los gastos no esperados en que se incurrió en un ejercicio determinado (bastante más habituales).

A la contra de una larga tradición histórica este año la partida de otros ajustes ha resultado positiva para dos comunidades: Extremadura y Castilla-La Mancha.

El caso extremeño se puede explicar por el reconocimiento por parte de los tribunales de la legalidad del Impuesto sobre los Depósitos Bancarios que ha obligado a las entidades financieras con oficinas en Extremadura a abonar las cantidades retenidas a la espera de la decisión judicial, pero en Castilla-La Mancha...

"Esto requeriría una explicación", aseguran en Fedea. "La transparencia no es colgar datos masivamente en un página web es explicar por qué pasan las cosas".

Aún queda un tercer motivo para el escepticismo: la cuenta 413.La inquietante cuenta 413

El año pasado el Ministerio de Hacienda comenzó a proporcionar información sobre un capítulo presupuestario hasta entonces desconocido, la cuenta 413, en la que las comunidades autónomas consignan los pagos en que han incurrido en un ejercicio determinado sin que estuvieran recogidos en los presupuestos.

Al tratarse de gastos efectuados y reconocidos procedentes de ejercicios pasados, esa cuenta no tendría porqué reducirse con el paso de los meses. De otro modo, si una comunidad se gastó 10.000 euros en material de oficina en 2011 para los que no había previstos recursos presupuestarios y los consigna en la cuenta 413 para su correspondiente pago en 2012, no es posible que a mes de junio esa cuenta se reduzca a 6.000. Si hay 10.000 euros pendientes de pago y presupuestas el pago de 10.000 euros, la única cantidad que puede figurar es ésa.

Pues bien, en las cuentas autonómicas de 2012 no es sólo que esa cantidad fluctúe libremente según el trimestre analizado, sino que en algunos casos el saldo es deudor, vamos, que el gobierno regional asegura haber pagado más de lo que reconocía deber.

Fedea atribuye estos episodios a errores contables groseros más que a trucos de ingeniería financiera, pero lo cierto es que arrojan dudas sobre la forma en que los gobiernos regionales gestionan sus cuentas.

Y como quien hace un cesto hace ciento Fedea le ha echado un vistazo a los Presupuestos de las comunidades autónomas de 2013 y ha encontrado más de una inconsistencia, particularmente por el lado de los ingresos.

A saber, en plena recesión han presupuestado un incremento del 20% en los ingresos por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (estrechamente vinculado a la actividad inmobiliaria), han previsto un incremento de 300 millones en los ingresos por transferencias de capital del Estado cuando éste ha presupuestado 1.300 millones menos y, finalmente, han basado sus previsiones en una caída del PIB del 0,5% que será bastante mayor.

¿Resultado? El déficit del 0,7% del PIB que prometen los presupuestos autonómicos estará en realidad en una horquilla entre el 1,4% y el 1,7%.