Uno de cada tres 'funcionarios' podrá ser despedido con 20 días

La crisis se come, una por una, todas las certezas que rodeaban al empleado público. Fue Zapatero quien bajó el sueldo a toda la plantilla de la Administración el año pasado y en éste se han congelado las nóminas. El Gobierno del PP aprobó en diciembre ampliar la jornada de 35 a 37,5 horas semanales en el Estado y ahora lo extenderá a comunidades y ayuntamientos.

Al mismo tiempo, aprieta las tuercas a los entes territoriales para que ajusten gastos (si quieren entrar en el programa de proveedores, por ejemplo, y así recortar su ingente deuda comercial) y con ello ha abierto la puerta al tijeretazo sobre los costes de personal.

La última gran seguridad, la que establecía lo de un trabajo para toda la vida, también peligra. Lo hace, en concreto, para uno de cada tres de los 2,3 millones de empleados que cobran del sector público, según ha quedado establecido en la reforma laboral aprobada a mediados de febrero, que permite los despidos colectivos en la administración al igual que en las empresas.

Los que peligran son los no funcionarios, es decir, los que se acogen al Estatuto de los Trabajadores (que es el que modifica la reforma de Fátima Báñez) y no al del Empleado Público (aunque los sindicatos aseguran que todo trabajador del sistema responde ante éste último y la discrepancia podría acabar en el Tribunal Constitucional).

Son, en líneas generales, el denominado personal laboral, que asciende a unos 700.000 en España frente a los 1.653.498 que ostentan la garantía que les da su condición funcionarial, a la que han accedido por oposición y se ganan la plaza de forma permanente tras su nombramiento legal.

Los primeros, los laborales, son aquellos que "en virtud de un contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la leigislación laboral, prestan servicios retribuidos por las administraciones", explica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Y son multitud: en torno al 30% del total de empleados del sistema público podría ser privado de su empleo cuando "concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción" y entrar en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo por el que la máxima indemnización será de 20 días por año trabajado.

Según la ultima revisión del Registro Central de Personal, que elabora el Ministerio, también existen otros 346.323 empleados públicos en el apartado de "otro personal", tales como eventuales o interinos. Pero la reforma laboral sólo habla de "personal laboral" para poder entrar en un despido colectivo, con lo que la inclusión de éstos aún no está del todo clara.

¿Y cómo afectará a las distintas administraciones? Que se preparen sobre todo en los ayuntamientos, donde el personal laboral casi duplica a los funcionarios: 384.273 frente a 219.988, respectivamente y en el conjunto de todo el país.

Bastante más firme parece la situación en las autonomías, donde los funcionarios suman 912.893 empleos ante los apenas 146.098 considerados como personal laboral.

En el Estado, la proporción sube a uno de cada cinco, con 457.127 puestos asegurados y 124.116 en el aire. Y, por último, en las universidades el ratio pasa a uno de cada tres: 63.480 funcionarios y 35.791.

Pero si hay un sector que puede ser bombardeado desde todos los flancos (se ha puesto en duda su utilidad y está más expuesto a la reforma laboral) es el de las entidades públicas empresariales adscritas al Estado: de una plantilla de 56.144 personas, tan sólo 723 ostentan el paraguas de funcionario.

En lo que respecta a los ministerios, Asuntos Exteriores, Cultura, Defensa y Presidencia tienen en nómina a más personal laboral que a funcionarios. El caso del Ministerio de Defensa es llamativo: unos 18.000 de sus trabajadores (de los 22.000 totales) podría entrar en un ERE de forma inmediata.