El Gobierno consigna más de cien agresiones físicas a funcionarios en 2016

Presentarse en una oficina pública sin cita previa y exigir ser atendido, llegar tarde y resistirse a haber perdido el turno, recibir una sanción o simplemente una visita de la inspección, o no encajar la denegación de un subsidio o una prestación pública, éstos son algunos de los desencadenantes más habituales de los casos de violencia contra empleados públicos. El año pasado el Ministerio de Hacienda y Función Pública documentó cerca de medio millar de casos de agresiones a funcionarios (484, en concreto), en lo que supone el primer registro oficial de este tipo de casos tras la entrada en vigor en diciembre de 2015 del Protocolo de Actuación contra las Agresiones al Personal de la Administración General del Estado.

La memoria, a la que ha tenido acceso lainformacion.com, da cuenta de los casos de violencia física y verbal denunciados por los funcionarios durante el año pasado y documenta 106 agresiones físicas a empleados públicos de la Administración General del Estado. Estas cifras no contabilizan los casos producidos en el ámbito de las instituciones penitenciarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, que tienen sus propios registros, sino sólo los acaecidos en el segmento más civil de la Administración: servicios públicos de empleo, oficinas de la Seguridad Social, Dirección General de Tráfico...

Según la información recabada por la Dirección General de Función Pública, son los puestos de atención al público los que sufren de manera más directa la violencia de los usuarios, tanto la verbal (274 casos) como la física (82), seguidos por los empleados públicos en tareas de inspección y vigilancia normativa y los de actividades sanitarias (minoritarios en la Administración del Estado, ya que se trata de una competencia transferida a las comunidades autónomas). 

Para el sindicato CSI-F, principal promotor de la puesta en marcha de este protocolo, estos datos configuran un escenario más que preocupante, ya que según la secretaria de Igualdad del sindicato, Marián Mur, "la inmensa mayoría de los casos continúan sin salir a la luz".Más protección

"La puesta en marcha del Protocolo ha puesto de manifiesto la existencia de algunas lagunas que ya denunciamos en su momento", asegura Mur, "y creemos que la Administración debe actuar para evitar que se produzcan situaciones de gravedad". Una de esas lagunas es la ausencia de herramientas específicas para actuar contra los agresores. CSI-F reclamó en su día la creación de una 'lista negra' de agresores para tener controlados a los usuarios que se manejaran de forma particularmente violenta y evitar casos de reincidencia. Según el sindicato, el Gobierno rechazó dicha posibilidad con argumentos relacionados con el derecho a la intimidad y la protección de datos personales.

Sea o no a través de una lista, el sindicato sí considera que se debe articular algún mecanismo de protección más allá de los procedimientos administrativos o judiciales que se puedan desencadenar tras una agresión. "En el documento tipo en el que se registran las agresiones ni siquiera figura un espacio en el que poder identificar al agresor. Es cierto que en ocasiones es complicada esa identificación porque se presentan sin cita previa, pero con el sistema actual ni siquiera podemos prevenir casos de reincidencia y ése es un riesgo real", argumenta la portavoz de CSI-F, que asegura que se han dado casos de acoso de usuarios a empleados públicos.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública aseguran que el Ejecutivo está abierto a estudiar cualquier propuesta de mejora del Protocolo, siempre que ésta tenga en cuenta el derecho que todo ciudadano tiene a ser atendido en las oficinas de los servicios públicos y el marco legal de la protección de datos.

Con los datos ya en la mano, los sindicatos tienen previsto solicitar al Gobierno la reunión de la comisión de seguimiento del Protocolo en las próximas semanas y, sobre la mesa, además de las potenciales medidas para aplicar una mayor mano dura a los agresores, plantearán medidas para abordar la violencia verbal en los servicios de atención telefónica, para incrementar las dotaciones de seguridad en los centros de trabajo y para mejorar los canales de información a los empleados públicos, ya que, según las centrales, un porcentaje muy elevado de los 260.000 empleados afectados por el protocolo todavía no lo conocen.