Bajan las agresiones de padres y alumnos a docentes por el endurecimiento de las leyes

La mayoría de indicadores de convivencia escolar mejoraron en el curso 2010-2011 en comparación con el anterior, especialmente los casos de agresiones de padres y alumnos a docentes, que bajaron a la mitad y un tercio, respectivamente, según datos del Defensor de Profesor del sindicato ANPE.

Entre las 3.638 profesores que se dirigieron a este servicio el curso pasado, un 1 por ciento denunció agresiones de padres y un 6 por ciento de alumnos, mientras que un 25 por ciento se quejó de acoso y amenazas por parte de las familias de los estudiantes, cuando un año antes eran un 24 por ciento.

En cuanto al estado de ánimo de los que recurren a este servicio, descienden los que tenían ansiedad (del 47 al 45 por ciento); depresión (del 19 al 13 por ciento) y los que estaban en situación de baja laboral (del 14 al 10 por ciento).

Al mismo tiempo eran más los que no presentaban ninguno de estos problemas (del 20 al 32 por ciento).

En coincidencia con esta tendencia, disminuyen en una cuarta parte los enseñantes dispuestos a abandonar la profesión, que pasan del 5 al 4 por ciento.

La coordinadora del Defensor del Profesor, Inmaculada Suárez, lo ha relacionado con el "buen paso" que supone el reconocimiento del profesorado como autoridad pública en Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja y los decretos autonómicos de convivencia, aparte de los reglamentos de centro.

Las consultas, quejas y denuncias de profesores atendidas ese curso sobre distintas cuestiones fueron 3.683 (2.138 sólo en la Comunidad de Madrid), un 8 por ciento menos que un año antes, tanto de educación pública como privada concertada y privada.

La mayoría correspondieron a secundaria (42 por ciento), donde los mayores conflictos son con alumnos, seguidos por primaria (38 por ciento) e infantil (9 por ciento), donde suelen ser con los padres.

En distinta proporción bajan los que se quejan de problemas para dar clase (del 28 al 24 por ciento); la conducta agresiva de los alumnos (del 14 al 11 por ciento); los insultos (del 17 al 14 por ciento); las faltas de respeto (del 20 al 19 por ciento); acosos y amenazas de alumnos (del 22 al 20).

Además descienden los casos de grabaciones, fotos y comentarios en internet (del 10 al 9 por ciento); daños a propiedades y pertenencias (del 8 al 7) y denuncias de padres (del 18 al 17 por ciento), aparte de las acusaciones falsas de padres y alumnos (14 por ciento en el último curso).

Por el contrario, aumentan los que denuncian "presiones" para modificar las notas (del 7 al 8 por ciento), se mantienen los que aseguran tener problemas con compañeros (8 por ciento) o administrativos con la dirección (12 por ciento).

Ante esta situación, la cuarta parte lamenta falta de respaldo de la dirección del centro escolar, y el 9 por ciento se refiere a la administración educativa en este sentido, datos apenas inferiores al curso 2009-2010.

El presidente de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, ha destacado que había un 60 por ciento de conflictividad escolar en 2005, que se ha reducido al 24 por ciento, lo que ha atribuido también a campañas de sensibilización de las familias y la sociedad.

Suárez ha optado por la prudencia sobre el descenso de agresiones de padres y comprobar cómo evoluciona.

Ha explicado que el reconocimiento de la autoridad pública de los docentes permite que enseñen con dignidad y esto redunda en la mejora cualitativa de la educación.

Las agresiones que antes se saldaban de forma administrativa ahora conllevan incluso penas de cárcel.

Sin embargo, ha admitido que en muchas ocasiones se desconoce el procedimiento para aplicarla y los reglamentos escolares sólo son aplicables a los alumnos, no a las familias

Aunque el respaldo de la administración y los centros es "generalizada", a veces no lo es por "miedo" a padres agresivos.

Los progenitores agresores y los que amenazan no aceptan que los hijos tengan que cumplir las normas y se les sancione o cuestionan la competencia académica del docente en las calificaciones.

Suárez ha comentado que los sentimientos de impotencia causados por la crisis en los padres se proyectan a veces de forma violenta contra los profesores, o los cónyuges tratan de utilizarlos para conseguir la custodia de los hijos en caso de separación o divorcio.

Fernández Guisado ha pedido que el reconocimiento del profesorado sea en toda España y que las reformas educativas que acometiere el próximo Gobierno requieren antes solucionar conflictos del profesorado como el de la Comunidad de Madrid.