El emergente partido Podemos arranca su andadura, por el momento, sin organización ni objetivos políticos pero sí con un primer esbozo de lo que será su programa. Lo primero se despejará el próximo 27 de octubre, cuando se conozca el resultado de las votaciones de los borradores presentados este fin de semana en la asamblea Sí se Puede.
Pero lo que sí se ha aprobado ya son las cinco resoluciones que marcan un primer esqueleto programático. Estas resoluciones, textos breves dedicados a promover consensos en torno a temáticas determinadas, fueron promovidos por círculos o ciudadanos concretos (con el aval de los primeros) y sometidos desde el jueves a una votacióntelemática en la que han participado más de 38.000 personas. El resultado son cinco líneas articuladas en torno a política económica, sanitaria, educativa y de vivienda, y también contra la corrupción política.
Entre loscinco documentosse encuentra laresolución titulada 'Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos', promovida por los economistas de cabecera de la formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta ha sido la quinta más votada, al recibir 8.981, votos -23'46 % del total- y defiende, por un lado, realizar una auditoría desarrollada por "expertos independientes" bajo "control ciudadano" que, además, "determine el grado de corresponsabilidad de los gobernantes y acreedores".
La propuestadescarta el impago total de la deuda para proponer una reestructuración ordenadaque determinará " qué deudas pueden considerarse ilegítimas, ya sea en función de su origen (fundamentalmente aquellas derivadas de gastos que favorecieron intereses particulares en vez de generales), a causa de un proceso de endeudamiento irregular (es el caso de las cláusulas abusivas o los problemas de información), o a causa de elementos derivados de su ejecución".
Por otro lado, la resolución destaca que se deberá hacer una reestructuración de la deuda pública que, para que sea "efectiva" deberá abarcar "la renegociación de tipos de interés y, en su caso, periodos de carencia, el alargamiento de los plazos de vencimiento y amortización de la misma y, finalmente, las quitas parciales".
En cuanto a la deuda privada, se establece que la reestructuración de la deuda empresarial y especialmente de la hipotecaria, es lo que puede conducir a un recuperamiento de la demanda interna y "una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un buen punto de partida".
"Esto significa quees necesario vencer el discurso de que no queremos pagar las deudas, demostrando que no es una cuestión de voluntad, ni tan siquiera de equidad social (aunque también), sino que se trata en primer término de una cuestión de eficiencia económica y de necesidad", se lee en el texto."El objetivo no es no pagar la deuda, es recuperar un nivel de endeudamiento y una senda de sostenibilidad de la misma que posibilite la recuperación de los niveles de bienestar de la población, así como la transformación de un modelo productivo que, de no hacerse, condenará a la economía española a una situación de dependencia y subdesarrollo indigna de las posibilidades y potencialidades de nuestra sociedad".
La auditoría ciudadana de la deuda pública y privada figuraba ya en el programa de Podemos para las europeas, en las que se proponía "delimitarqué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra losresponsables y declarar su impago".
Iglesias proponía entonces "la derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda".Dación en pago o paralización de la LOMCE
La resolución más apoyada está dirigida a la defensa de la educación pública. La propuesta"Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio",ha obtenido un 45'17% de los votos -17.289-, y resume laparalización y derogación de la LOMCE, la apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad educativa para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de nuevas Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de los recursos que aseguren el acceso universal a la educación y la articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas.
La segunda en número de votos es"Medidas Urgentes de Anticorrupción", propuesta elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex eurodiputado de PodemosCarlos Jiménez Villarejo, queha obtenido un 42'28% de los votos -16.186- y sostiene que se eliminen las tasas judiciales, elaumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude, la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
También, incluye la tipificación expresa como "organización y grupo criminal" de la asociación entre responsables políticos y actores económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación, la eliminación de los aforamientos -salvo para los parlamentarios y jueces, que queda restringida al ejercicio de sus funciones-, la obligación legal de total transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y responsables públicos o la redefinición de las instituciones de control.
La tercera resolución más votada, avalada por el Círculo de Vicálvaro afecta a la política de vivienda.'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera',ha obtenido un 38'9% de los votos -14.889-, apoya los derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.
Además, promueve el fin de los desalojos forzosos sin alternativa y el reconocimiento del derecho al alquiler social. "Debemos acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Es necesario reconocer el derecho al alquiler social, y la obligación de garantizar alternativas habitacionales estables en los casos en los que se realice un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes.
La cuarta propuesta más votada, titulada'Por el derecho a la salud: Sanidad pública para tod@s y tod@s",elaborada por Mónica García Gómez, Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, ha obtenido un 31'69% de los votos -12.129- y plantea el desarrollo de una financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización de la asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.
Además, entre los puntos clave de esta resolución se encuentran también la eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias de las comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los recursos sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos de salud y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad (1986).
Asimismo, promueve la dotación de recursos para lareducción de las listas de esperay la derivación de pacientes a urgencias, la gestión pública de los recursos, control del marketing farmacéutico y del gasto a través del control de precios y otras estrategias de reducción del gasto farmacéutico, reapertura de los centros públicos de salud mental, acabar con la privatización, la exigencia de transparencia informativa y asegurar derecho a salud de los ciudadanos en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTCI) por encima de los beneficios empresariales.
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