El Ministerio de Hacienda mantendrá esta tarde una reunión de alto voltaje con los sindicatos de los funcionarios, en la cual pondrá negro sobre blanco las medidas que quiere llevar a cabo para abaratar la nómina de los trabajadores de la Administración.
Sobre la mesa está está un recorte masivo de empleados públicos que, al carecer de plaza propia, como los funcionaros, sí pueden ser despedidos. En concreto, hay 700.000 trabajadores bajo condición de personal laboral y otros 350.000 en otras situaciones ajenas al funcionariado, frente a los casi 1,7 millones de funcionarios propiamente dichos.
Las elecubraciones sobre cuántas personas pueden verse afectadas por esta medida oscila entre las 300.000 y las 400.000, aunque la última palabra la tienen, en gran parte, las comunidades autónomas y ayuntamientos, que emplean a medio millón del personal laboral.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido referirse específicamente a esta medida durante su comperecencia en el Parlamento. No obstante, fuentes del Gobierno han confirmado que el personal laboral a cargo de la nómina pública deberá recortarse.
Este ajuste, según las mismas fuentes, se llevará a cabo por varias vías: no reposición del personal que se jubile, eliminación de las empresas públicas municipales y recorte de las autonómicas y estatales, no renovación de contratos, etc.
Para compensar estas vacantes, el Ministerio de Hacienda quiere imponer la movilidad tanto funcional como geográfica, dos acciones que la normativa actual dificulta sobre manera llevar a cabo.
El Gobierno prevé salvar este escollo mediante una reforma de la Función Pública y fuentes consultadas por lainformacion.com aseguran que el objetivo de la cartera dirigida por Cristobal Montoro es consensuar esta modificación y evitar hacerlo por decreto.
Junto a estas dos medidas, que en Hacienda consideran las más complicadas, el Ejecutivo quiere elevar el número de horas de trabajo e introducir criterios de productividad que, indirectamente, permitirán rebajar el sueldo de los funcionarios.
Además, Rajoy ha confirmado que los empleados no tendrán paga extra de Navidad. Ésta, no obstante, les será devuelva en 2015, vía una aportación a su pensión.
Más productividad, menos sueldo
La nueva vara de medir de la productividad afectará directamente a los complementos y al variable, cuyo cobro será mucho más complicado tras la reforma, e incluso, en los casos más graves, podría suponer ser relegado de puesto y, en consecuencia, de sueldo.
En general, los planes del Gobierno van dirigidos a aplicar medidas que permitan flexibilizar la fuerza laboral. "Se trata de asimilar a los trabajadores del sector público con los del sector privado", afirman desde Hacienda.
"Las medidas concretas, y cómo se apliquen, todavía se está analizando, pero el objetivo es poder mover de puesto de trabajo a los funcionarios para cubrir ya no sólo las vacantes que queden con la salida de empleados públicos, sino para responder a las necesidades de la Administración", señalan desde el Gobierno.
Estos cambios están dentro de todo el paquete de ajustes que va a poner en marcha el Gobierno para recortar el déficit público del 8,9% al 3%, un ajuste que Rajoy ha cifrado en 65.000 millones.
Las primera medidas se empezarán a aplicar este viernes 13, con la aprobación de un Real Decreto que incluirá la subida del IVA reducido del 8% al 10%, y del general del 18% al 21%, aunque durante todas las reuniones del Consejo de Ministro de este mes de julio se irán aprobando acciones.
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