Según han argumentado los diputados del PP, Domingo Segado, y de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, el rechazo de la iniciativa se debe porque dichas disposiciones "defienden" los artículos de la Constitución que apelan a la igualdad, mérito y capacidad para entrar en la Función Pública y su eliminación "incumpliría" el Estatuto del Empleado Público.
El 'popular' Domingo Segado ha desmentido que dichas disposiciones impidan la gestión directa del servicio, sino que al personal de las empresas que vayan a prestar un servicio a la Administración se les aplicaría la normativa actual. "Decimos que no van a ser funcionarios, las disposiciones defienden la igualdad, el mérito y la capacidad para entrar en la función pública, es preferible la gestión indirecta", ha expuesto el parlamentario.
Además de eso, desde el PP se cree que cuando se ha aplicado la remunicipalización de los servicios, se ha conducido a "más ruina, paro y pobreza". "Podemos quiere que se haga funcionarios públicos a todos los trabajadores de esas empresas y eso es inasumible por las corporaciones municipales", han añadido.
Por parte de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández, ha señalado que dicha medida supondría acceder al empleo púbico "sin respetar principios de igualdad, concurrencia. No creemos q el empleado de una contrata deba tener más derechos que un trabajador a la hora de acceder a un puesto público". Han añadido que si la propuesta de Podemos saliera adelante cada vez que la Administración cambie de contrata, los trabajadores de la anterior "serían funcionarios".
No obstante, la diputada de Podemos María Giménez ha rebatido que dichas disposiciones adicionales "atan de pies y manos" a los ayuntamientos y "son un obstáculo" para la municipalización. Según ella, la gestión directa de los servicios "es más barata y eficiente para las arcas públicas y frena la corrupción". A su juicio, estas medidas "atentan contra los derechos laborales" y provocaría que "mucha gente fuera a la calle". Ha añadido que si ambas disposiciones salen adelante se debería presentar un recurso de inconstitucionalidad.
El PSOE ha sido el único grupo que ha apoyado la propuesta de Podemos. Según han dicho la diferencia entre los modelos de gestión está "en la calidad" y han manifestado que la gestión directa "evitaría mayores costes de los proyectos frente a las alternativas convencionales".
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