Tres son los grandes puntos de la reforma de pensiones: retrasar la edad de jubilación, elevar la base de cálculo y ampliar la base de cotización. De todas las opciones, la segunda es la que más puede reducir el importe de las nóminas de retiro.
La base de cálculo son los años que se toman en consideración para decidir el importe de nuestra pensión. Actualmente son los últimos 15 años cotizados, pero si sale adelante el principio de acuerdo alcanzado ayer entre PSOE, PP, CiU y PNV, ésta se podría ampliar a 18 o 20 años.
El problema es que 100.000 pesetas de hace 20 años no son 600 euros de ahora, por mucho que se actualice el IPC (Índice de Precios al Consumo). De hecho, cada dos o tres años, el Estado actualiza nuestras rentas de cara a la futura pensión, pero sólo en función del indicador anteriormente citado.
De ahí que, cuando más se amplíe la base de cálculo, menor sea el importe de nuestra futura pensión, ya que, en principio, los trabajadores tenemos mayores sueldos conforme avanzamos en nuestra vida laboral. A cambio, con esta medida, las arcas públicas consiguen abaratar su factura de pensiones.
En cambio, retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 años no lleva aparejado, per se, una menor cuantía. Al contrario, aunque suponga trabajar más tiempo, permite retirarse con un salario mayor, ya que, por la misma lógica citada antes, en la recta final de la vida laboral suelen tenerse salarios mayores.
Un colectivo claramente perjudicado por el preacuerdo en la base de cálculo son los trabajadores de la Administración Pública, cuyos salarios se benefician de pluses como antigüedad o trienios.
Por tanto, cuanto más se amplíe la base de cálculo, menores sueldos entrarán en juego para calcular su pensión. En cambio, trabajar dos años más en la recta final de su vida laboral, les permite beneficiarse de este tipo de derechos.
El tercer gran punto de la reforma de pensiones, el número de años cotizados necesarios para cobrar el cien por cien la pensión, tiene un impacto similar a la base de cálculo. Actualmente, hace falta haber aportado a la Seguridad Social durante 35 años, pero se ha barajado la opción de elevar esta cifra hasta los 38 0 40 años.
Teniendo en cuenta que un universitario suele incorporarse al mercado laboral en torno a los 25 años, ampliar hasta el máximo analizado exigiría tener que cotizar todos los años de su vida hasta la actual edad legal de retiro, los 65 años, impidiendo la posibilidad de un año sabático para estudios o poniendo en situación crítica a un parado de larga duración, por ejemplo.
Quizás consciente del escaso margen con el que cuenta, el PSOE, en su última propuesta, ha dejado la puerta abierta a retrasar la edad de retiro pero, en vez de imponiéndola, incentivándola, ya que el resto de grupos se han mostrado radicalmente en contra de apoyar esta propuesta.
El problema es que, si se elevan las bases de cálculo y cotización, y no se amplía la edad de retiro, las pensiones del futuro van a ser muy inferiores. El Estado conseguirá su objetivo de recortar la nómina de los jubilados, cada vez más difíciles de sostener por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, pero cada jubilado tendrá una renta menor.
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