En declaraciones a los medios tras la reunión celebrada este lunes, la secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Meritxell Masó, ha explicado que este 15% supondría unos 64 millones de euros sobre los 430 a los que asciende la devolución de la paga a los trabajadores representados en la mesa de la función pública, aunque esta cantidad aumentará hasta unos 670 millones teniendo en cuenta todos los empleados públicos, incluyendo los de escuelas y centros sanitarios concertados y universidades.
Así, teniendo en cuenta la totalidad de los servidores públicos, este 15% supondría unos 100 millones de euros que el Govern pretende pagar este año, siempre y cuando apruebe unos nuevos presupuestos.
RECHAZO DE LOS SINDICATOS
Los sindicatos, sin embargo, han rechazado este porcentaje, ya que no aceptan que la mayor parte del montante se concentre en los próximos dos años, sino que reclaman un reparto igual los tres años o concentrar el grueso en 2017 y pagar la misma cantidad este año y en 2018, según ha explicado el portavoz de CC.OO., Xesús González.
El portavoz de IAC, Luis Blanco, ha reprochado que el Govern quiere "volver a reducir el déficit a costa de sus trabajadores", que ha asegurado que es lo que han hecho desde 2012, y ha criticado que el argumento de la Generalitat sea siempre su situación financiera, cuando a su juicio es una cuestión de prioridades políticas, argumentando que con la reducción del impuesto de sucesiones han dejado de ingresar 500 millones de euros anuales.
El representante de UGT, Esteve Sánchez, ha lamentado que la Generalitat pretenda "hacer responsables de la situación económica" a sus trabajadores públicos, sin tener en cuenta el sacrificio que han hecho en los últimos años, tanto con reducciones salariales como con recortes de plantilla.
Los representantes de la Generalitat y los sindicatos se han emplazado a una nueva reunión a principios de abril para volver a tratar esta cuestión.
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