Podemos e IU piden a Junta trasladar al Gobierno el rechazo social a Ley del Registro Civil para que negocie una reforma

En la iniciativa, recogida por Europa Press y a debatir ante el Pleno de la Cámara, ambos partidos reclaman que el Gobierno andaluz muestre al Ejecutivo de Rajoy, tanto en el seno de la Conferencia Sectorial de Justicia como en cuantos foros fuere preciso, "su preocupación" por el rechazo social que, a su juicio, ha generado esta norma.

Así, solicitan que se negocie con las organizaciones sindicales en la mesa sectorial de Justicia, durante el año de prórroga de 'vacatio legis' aprobado recientemente, con el objetivo de lograr un consenso que permita presentar ante las Cortes Generales una reforma de la referida ley.

En virtud de la reforma que proponen Podemos e IULV-CA, el Registro Civil se mantendría dentro del ámbito de la Administración de Justicia, con la misma demarcación y estructura actuales --incluidas las oficinas de los Juzgados de Paz--, sería "entera y exclusivamente" servido por personal funcionario en activo de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, sin pérdida de puestos de trabajo, con plenas competencias registrales y con modificación de cualquier medida "que directa o indirectamente pueda suponer el vaciado de competencias registrales de las Oficinas de registro Civil".

Para argumentar la iniciativa, el partido morado y la coalición de izquierdas sostienen que si bien la norma fue aprobada en el 2011, en el 2015 se dio luz verde a una nueva prórroga a cuenta "del rechazo cada vez mayor que produce la ley entre los colectivos implicados".

Y es que, según explican, los sindicatos integrantes de la mesa sectorial de negociación del Ministerio de Justicia "han mostrado su rotunda oposición a su articulado, fundamentalmente en lo relativo a la organización y demarcación registral, y también al hecho de que vaya a extraerse este servicio público del ámbito de la Administración de Justicia".

Asimismo, Podemos e IULV-CA inciden en que se ha producido un "enorme rechazo" a la promulgación de ciertas normas "que de forma indirecta vacían de competencias registrales a las propias oficinas, especialmente a los Juzgados de Paz".

"La estructura y demarcación previstas en la Ley eliminan la totalidad de las oficinas registrales actuales, dejándolas reducidas a una o muy pocas, en función de la población", critican sendos partidos, que también advierten de que las oficinas registrales de los Juzgados de Paz "desaparecen totalmente, quedando únicamente algunas competencias muy residuales consistentes en la mera recepción de escritos o solicitudes".

Esta circunstancias, a juicio de Podemos e IULV-CA, "conlleva la desaparición de un importante servicio público en la mayoría de municipios y especialmente en el mundo rural, lo que hace aún más difícil para sus habitantes la realización de trámites que en la actualidad se realizan con absoluta normalidad y en general con bastante rapidez y eficacia".