El exgerente del EPA asegura que el proyecto de la desaladora era de Valcárcel y que le dieron la operación "diseñada"

El exgerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, que ocupó el cargo de 2005 a 2008, ha asegurado esta mañana en la Asamblea Regional que el proyecto de la desaladora de Escombreras era "del presidente del Gobierno regional" de aquella época, esto es, Ramón Luis Valcárcel.

Asimismo, y según ha explicado durante su comparecencia en la comisión que investiga la construcción y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras, cuando se incorporó al EPA le dieron instrucciones de cómo "iba a ser el diseño contractual y todas las operaciones". Garrido también ha negado que hubiera previsto haber inversión pública en la infraestructura. Tal y como ha reiterado durante su comparecencia, el ente "estaba sujeto al derecho privado y eso suponía que ni iba a haber inversión pública ni a tener relación con el presupuesto de la Comunidad Autónoma".

A pesar de todo envió una carta a Banesto que comprometía a la Comunidad a asumir todos los pagos de la desaladora. Ha insistido en que dicha carta "no es un aval" ni una carta personal, sino que en ella se manifiesta que el gerente cumplirá con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Administración. Entre esos acuerdos destacan los convenios firmados con 26 ayuntamientos para poder pagar el agua que produce la planta.

Para ello alude al cumplimiento de la directiva del agua por la que "todo el agua que se vende a los ayuntamientos ha de servir para recuperar los costes". Los parlamentarios le han recordado que Banesto pidió confirmación por escrito de que la Comunidad asumiría la asunción de pago para otorgarles la financiación necesaria para la planta. No obstante ha rebatido esto aduciendo a que si la Desaladora de Escombreras no recibiera el dinero para hacer frente al préstamos, el EPA debería obtenerlo, "y eso lo tiene que recibir de los convenios con los 26 ayuntamientos".

Sin embargo, ha advertido que no se ha exigido a los ayuntamientos el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios, que dice que eso habría garantizado el equilibrio. Además, ha asegurado que con un funcionamiento a pleno rendimiento, la planta debería haber cobrado a 1,1 euros el metro cúbico, pero alude a un incumplimiento de la Directiva Marco del Agua que obliga a recuperar los costes de suministro.

Durante su comparecencia, Garrido ha revelado que los planes de la Consejería de Agricultura y Agua al constituir el EPA era construir otras tres desaladoras más aparte de la de Escombreras, dos de ellas se ubicarían junto a la de Escombreras y una tercera lo haría en Águilas.

"El plan era poder suministrar agua a los 26 ayuntamientos con los que se firmaron convenios", ha dicho al tiempo que ha recordado que con dichas desaladoras se podrían producir los 153 hectómetros cúbicos anuales que habían comprometido, pues la de Escombreras solo podía suministrar unos 25 hectómetros, que en una primera fase no cubría lo que se había prometido.

Sobre si el objeto de la desaladora era eludir el artículo 25 de la ley de agua, en el que se estipula que hacía falta un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura para edificar la planta, Garrido ha negado que así fuera. Por último, considera que los informes que la Intervención General y los Servicios Jurídicos de la Comunidad elaboraron advirtiendo al Consejo de Gobierno de posibles irregularidades en la desaladora de Escombreras "son incompletos y tienen omisiones graves".

Tras él, le ha tocado el turno de comparecencia a la consejera delegada del Consejo de Administración de la Desaladora de Escombreras, María Antonieta Fernández. Antes de someterse a las preguntas de los parlamentarios ha aclarado que recibió la notificación de comparecencia ayer a las 18.33 horas, cuestión por la que "no he recabado toda la información que pudiera" y ha señalado que han pasado nueve años desde entonces y no puede acordarse de todo.

Para ella, el informe de viabilidad que se recibió aseguraba "en todos los escenarios que el proyecto era viable y financiable con los ingresos de los ayuntamientos". Ha reiterado que "en ningún momento" se planteó alguna ilegalidad, "en todo momento creímos estar bien asesorados para que no costara nada a las arcas públicas".

MÁXIMA PRODUCCIÓN EN LOS PRÓXIMOS EJERCICIOS

El último compareciente ha sido el gerente de la desaladora de Escombreras, José Manuel Ferrer, que ha asegurado que aunque ahora mismo la planta está a un 70% de producción, en los próximos ejercicios "se va a poner a máxima producción".

Ferrer también se ha referido a que el permiso de toma de agua de la desaladora fuera de la dársena del puerto de Cartagena caduca a fin de año, pero que ya se está trabajando con la Autoridad Portuaria en la instalación para ir conectando tubos y fijar el trazado y el sitio. "Ya se ha fijado el presupuesto y el correspondiente aval", ha dicho.

Sobre el importe que se debe de arrendamiento y de mantenimiento de la planta a diversas empresas, el gerente de la desaladora ha reconocido que el arrendamiento se dejó de pagar el 1 de enero de 2015. Añade que se debe de 2015 unos 16,7 millones y de 2016, 6,5 millones, al tiempo que queda pendiente un pago de 5,7 millones que se tendría que abonar en 2017. En cuanto al mantenimiento, dejó de pagarse en 2014. Por ese motivo se debe de 2014 unos 5,8 millones; de 2015, unos 7,1 millones y de lo que resta de 2016, cerca de 1,8 millones.

Ferrer también ha facilitado datos sobre la producción de la desaladora. Según ha puntualizado, en el año 2013 se producían 4 hectómetros cúbicos; en 2014 se llegaba casi a los 7 hectómetros cúbicos, mientras que en 2015 el dato asciende a los 10 hectómetros cúbicos.

Según ha expuesto a los parlamentarios, su objetivo es que "parte de la operación y mantenimiento de la planta sea autosuficiente, y que pueda dar algún beneficio para sufragar parte de otros gastos" Tras las comparecencias, los distintos grupos parlamentarios han entrado a valorarlas.

Por parte de Podemos, Antonio Urbina ha aludido a la "voluntad" de engaño de la desaladora, pues los convenios que firmó el EPA con los ayuntamientos prometían un abastecimiento de 153 hectómetros cúbicos cuando la desaladora de Escombreras solo produciría 22 hectómetros.

Piensa que los ayuntamientos "iban a ser estafados e iban a tener que pagar por un agua que no se les iba a servir". A su vez, dice que las comparecencias han constatado que el entramado de la planta "se diseña desde la Comunidad" y lo hace sirviéndose de gabinetes privados.

Por su parte, al socialista Jesús Navarro le ha llamado la atención que los dos primeros comparecientes acudieran a la Cámara acompañados por sus respectivos abogados. "Ésta no es una comisión judicial", ha advertido. Además se ha mostrado sorprendido sobre las afirmaciones de Garrido en las que ha afirmado que los informes de los servicios jurídicos "están incompletos; me sorprende porque es doctor en ingeniería química y no tiene la formación para afirmar eso".

El popular Juan Luis Pedreño ha destacado que esta instalación "no es más costosa que otras" y que la calidad del agua "es buena" y no entabla riesgo para la salud ni los cultivos.

Por último, el diputado de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha hecho referencia a la intervención policial de documentos en la desaladora y esta mañana en el Ayuntamiento de Cartagena que, a su juicio, demuestra que la planta "es un mal negocio y que hay una presunta comisión de determinados delitos que muestran la gravedad de los hechos".