Nuevo varapalo al veto migratorio establecido por Donald Trump. El Departamento de Estado la orden ejecutiva que prohibía la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El Departamento de Estado dictamina que todos los titulares de un visado válido podrán entrar en Estados Unidos sin importar su país de origen.
"Hemos dado marcha atrás a la revocación provisional de visados", ha informado el Departamento de Estado. "Los individuos con visados que no hayan sido físicamente cancelados podrán ya viajar si el visado sigue siendo válido", ha apuntado. Los países afectados son Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
El derrumbamiento de la orden ejecutiva parece inevitable, ya que desde el primer momento jueces de todo el país se han posicionado en contra de la medida. Siendo la orden de restricción establecida por el juez federal de Seattle James Robart la más significativa, ya que podría suponer el levantamiento del veto. El juez Robart determinó que los estados tienen derecho legal a demandar, lo que podría ayudar a fiscales generales demócratas a enfrentar a Trump en otros temas además de la inmigración.The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de febrero de 2017
Una medida que Donald Trump no ha tardado en criticar asegurando que "La opinión de este supuesto juez (...) es ridícula y va a ser anulada", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter. "El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente", subrayó poco después la Casa Blanca.
El decreto aprobado por Trump suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional -durante tres meses- a la entrada de ciudadanos de esos siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados.
Desde que la medida entró en vigor la semana pasada se cree que 100.000 visados se han visto afectados o han sido denegados por la orden ejecutiva. La cifra aproximada, hasta ahora no desvelada por la administración estadounidense, ha sido comunicada por un fiscal del Gobierno norteamericano.
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