El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ultima por estas horas el borrador del decreto para declarar en su país la Emergencia en Seguridad a nivel nacional. El flamante primer mandatario del país sudamericano ya había fijado una de las tres prioridades de su gestión durante su discurso de toma de posesión: combatir el narcotráfico.
Argentina se convirtió en la última década en un país productor y distribuidor de las drogas a gran escala, con cifras más que alarmantes. Ya ha dejado hace tiempo de ser un mero punto estratégico de tránsito. La venta de estupefacientes creció allí un 50% entre 2010 y 2014 hasta afectar a casi la mitad de los hogares urbanos, especialmente a aquellos de los barrios más vulnerables, según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA). La ONU, por su parte, afirma que Argentina es el tercer país de origen de cargamentos incautados de cocaína en el mundo, después de Brasil y Colombia.
Como primer paso para intentar atajar este flagelo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sus pares de las provincias y las autoridades de las fuerzas de seguridad argentinas acaban de votar por unanimidad a favor de un petición para decretar la emergencia nacional en la materia, con el objetivo de profundizar la lucha contra el narcotráfico. Ahora resta que Macri firme el decreto, que se concretará en las próximas horas.Reforzar la vigilancia en las fronteras
La medida tiene como objetivo actuar con celeridad en cuestiones fundamentales contra las bandas de narcos. Entre otros aspectos, prevé reforzar la vigilancia en las fronteras y equiparar con tecnología moderna a las fuerzas de seguridad. También que sus miembros tengan una capacitación de calidad contra este tipo de delitos. Por otra parte, contempla la necesidad de alcanzar estadísticas criminales fiables y modelos para medir la calidad educativa policial, además de programas específicos de seguridad ciudadana.
Además, la declaración de emergencia permitirá reorganizar y planificar los aspectos de gestión de seguridad, potenciar las áreas operativas y dotar a los organismos estatales de los instrumentos que permitan adquirir el equipamiento y realizar las obras para el desarrollo de una acción más eficaz en materia de seguridad contra el narcotráfico.
A través de esta iniciativa, la prioridad estratégica del Gobierno es reducir el impacto de este delito. Supondrá procedimientos más rápidos en la licitación de equipos de seguridad, habilitará acuerdos de unificaciones de bases de datos policiales y servirá para reorganizar esquemas de seguridad.
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