Argentina sigue convulsionada por estas horas por dos hechos que han encendido a la opinión pública. Uno de ellos es la búsqueda de tres narcotraficantes que escaparon de un penal de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires. De momento, continúan prófugos. El otro acontecimiento tiene que ver directamente con la Casa Rosada.
La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, dispuso esta semana por orden del presidente Mauricio Macri anular los contratos de 2.035 empleados del Senado de la Nación que había designado Amado Boudou, exvicepresidente y mano derecha de Cristina Kirchner, de manera retroactiva a enero de 2015.
Además, Macri ordenó desarrollar una auditoría, en donde se analizarán 2.317 recategorizaciones de otros empleados que también dispuso Boudou durante su último año en el Senado, incluidos más de 800 que firmó en el mes previo a concluir su mandato.
Los nombramientos que dispuso Boudou se concentraron, en su momento, en tres decretos de Presidencia del Senado. Macri no ha cumplido aún un mes como presidente de los argentinos, pero ha comenzado a realizar profundas reformas en la Administración pública.
El Gobierno argentino alega que esos contratos aumentaban 146% la plantilla habitual de trabajadores del Senado y significarán una disminución del 80%, unos 570 millones de pesos (casi 40 millones de euros) en el presupuesto salarial de ese recinto.
Por otra parte, la vicepresidenta ordenó la creación de una comisión para analizar la totalidad de los expedientes de la planta permanente de la institución y las recategorizaciones de los últimos 12 meses en la Cámara de Senadores.Decretos de necesidad y urgencia
En menos de un mes de Gobierno, el presidente de Argentina ya ha emitido 40 decretos de necesidad y urgencia, en su mayoría para adoptar medidas neoliberales. Además de los dos millares de empleados que acaba de echar del Senado de la Nación, también ha despedido a numerosos funcionarios de otros organismos estatales.
También removió por decreto aldirector de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), Alberto Cantero Gutiérrez, que administraba la televisión y radio estatales argentinas. Detrás de esta decisión, canceló la emisión del programa televisivo "678", de reconocido sesgo kircherista.
Por otra parte, estos despidos se suman a los 600 trabajadores del Centro Cultural Kirchner, a la destitución del titular de la Agencia Audiovisual del Estado, Martín sabatella (un leal a la exmandataria Cristina Fernández) y a Tristán Bauer, máximo responsable delSistema Nacional de Medios Públicos.
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