Carlos Arrazola
Guatemala, 24 nov.- Los intereses particulares de los magistrados que integran la Corte Suprema de Guatemala han sumido al Poder Judicial en una crisis institucional al no alcanzar consensos para elegir a su nuevo presidente durante más de 50 fallidas rondas de votación.
El viernes, tras fracasar en medio centenar de intentos, los trece magistrados del Tribunal Supremo acordaron constituirse en "asamblea permanente" hasta lograr que al menos nueve le den el voto favorable a uno de los dos aspirantes.
La falta de consensos se debe al interés de los dos grupos en que se ha divido el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de controlar ese Poder del Estado durante los próximos meses, para influir en la elección del nuevo fiscal general.
Por ley, el presidente de la CSJ debe dirigir las comisiones de postulación que elegirán a la terna que se presentará al Presidente de la República para seleccionar, el próximo año, a quien sustituya a Claudia Paz y Paz en la Fiscalía General.
Los magistrados que compiten por el cargo, Mynor Franco y Gustavo Bonilla, que cuentan con el apoyo de siete y seis de sus colegas, respectivamente, también consideran que la falta de acuerdos pone en aprietos a la Suprema, pero ninguno está dispuesto a deponer su aspiración.
"Es penoso mandar un mensaje de esta naturaleza a la población. Seguimos en un diálogo de sordos", señaló Franco, en tanto que Bonilla calificó de "preocupante" la situación pero, dijo, "esperamos que pronto encontremos una salida a este escenario".
Luis Reyes, presidente del Colegio de Abogados, criticó en declaraciones a los periodistas la posición de los letrados y los señaló de afectar "severamente" la institucionalidad del sistema de Justicia.
"Hay una clara lucha de poderes" entre los magistrados, manifestó, por su parte, el Movimiento ProJusticia, el cual aglutina a una docena de organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de justicia y lucha contra la impunidad.
Hace dos semanas, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) denunció la existencia de "intereses ajenos a la justicia" dentro de la Suprema, los cuales han impedido la elección de su presidente.
"La incapacidad de los magistrados de la CSJ para ponerse de acuerdo en la elección de un presidente, es el signo más evidente de cómo en el órgano rector de la justicia del país, que se debe caracterizar por la imparcialidad, se juegan intereses ajenos a la justicia", señaló la CEG en un comunicado.
Según los obispos, "hay muchos signos que indican que las cosas no funcionan" en el país, que se refleja en la "desconfianza" manifestada por diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.
El presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, pidió el jueves a los magistrados que "dejen de lado sus intereses" y que alcen consensos para elegir al titular de la Suprema.
"Sin el ánimo de interferir en la independencia de poderes", el mandatario dijo a los periodistas que instaba a los magistrados para que se pongan de acuerdo a fin de evitar una crisis institucional en el sistema de Justicia.
El magistrado Gabriel Medrano, quien concluyó su período como presidente del Poder Judicial el pasado 13 de octubre, entregó el cargo "de forma interina" a su colega Erick Álvarez en esa fecha, debido a que la Constitución le impedía continuar ejerciendo como tal.
El declararse en "sesión permanente" implica que los magistrados no tratarán ni resolverán otro tema que no sea el de la elección del nuevo presidente de la Corte, lo cual ineludiblemente repercute en el funcionamiento normal del Tribunal Supremo.
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