Santiago de Chile, 6 ago.- El comunero mapuche Rodrigo Melinao Licán, de 26 años, quien se encontraba prófugo de la Justicia chilena tras haber sido condenado a cinco años y un día de presidio por el delito de incendio y daños, fue encontrado hoy muerto, presuntamente de un balazo, informó la policía.
Según fuentes policiales, el cuerpo del indígena de la comunidad Rayen Mapu del sector Lolocos, ayuntamiento de Ercilla, fue ubicado en el interior de una parcela del sector de Chiguayhue, en Pidima, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago.
El gobernador de la provincia de Malleco, Erich Baumann indicó que "aparentemente hay involucrados terceros en la muerte de Melinao".
"Hay una apariencia de que existe algún grado de violencia", sostuvo Baumann para añadir que en la parcela donde fue hallado el cuerpo del indígena prófugo "pertenece a un comunero mapuche".
En declaraciones a radio Bío Bío, la autoridad regional señaló que no se entendía bien cuál fue la circunstancia en que se produjo la muerte del comunero.
"No ha habido enfrentamientos en la zona ni nada que se parezca donde podamos suponer o inferir que haya otro tipo de personas involucradas", enfatizó.
El pasado 24 de julio, Melinao Licán junto a Cristián Levinao, fue condenado a 5 años y un día por el delito de incendio forestal, y a 541 días por daños a dos microbuses y un camión aljibe, hechos acontecidos en 2011 en el sector Chiguaihue.
Desde entonces se encontraba prófugo, al no asistir a la audiencia donde se dio a conocer el resultado del juicio oral.
Su deceso fue confirmado este martes por el werkén (portavoz) de la comunidad, Hugo Melinao, quien no quiso entregar mayores antecedentes de lo ocurrido a la espera que lo hiciera Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile.
Los mapuches, que la conforman unas 600 mil personas, que constituyen la principal etnia indígena de Chile, mantienen desde los años noventa en la Araucanía un conflicto con empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.
Varios indígenas que han sido encarcelados han protagonizado prolongadas huelgas de hambre, algunas de casi tres meses, para exigir garantías judiciales, que no se utilicen testigos sin rostro y que no se aplique la ley antiterrorista en los juicios en su contra.
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