Cáceres, 27 sep.- La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a cuatro años de prisión y a 5,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, al autor del incendio que afectó a más de 3.000 hectáreas de municipios de la provincia de Cáceres y Toledo en el 2006.
La sentencia, a la que ha tenido acceso efe, se ha dictado de acuerdo al veredicto de culpabilidad leído por el jurado popular el pasado 19 de septiembre, por un delito de incendio forestal en una superficie de considerable importancia.
Por este hecho, se le condena a cuatro años de prisión y a una multa de 16 meses a razón de diez euros diarios, además del pago de las costas procesales.
En concepto de responsabilidad civil, como había sido reclamado por las acusaciones particulares, deberá pagar 505.906 euros al Gobierno de Extremadura, a la de comunidad de Castilla La Mancha 1.631.308 euros y a la de Madrid 4.438 euros.
Además, tendrá que indemnizar con 3.736.431 euros a los 262 afectados particulares cuyas parcelas sufrieron daños.
La Audiencia considera probado en la sentencia que el 12 de agosto de 2006, el acusado, A.D.M, se dirigió a la carretera que une los municipios cacereños de Carrascalejo y Navatrasierra y tiró un cigarrillo sin boquilla y con una cerilla dentro.
El fuego que se originó tardó tres días en ser extinguido y que se llevó por delante casi 3.400 hectáreas, 1.172 de ellas en la provincia de Cáceres (en los términos municipales de Carrascalejo, Villar del Pedroso, Navatrasierra y Alía) y el resto en la comarca toledana de La Jara.
Como consecuencia del incendio, el municipio toledano del Puerto de San Vicente tuvo que ser desalojado y los 300 vecinos tuvieron que pasar la noche fuera de sus casa.
La fiscalía pidió en un principio 15 años de prisión por los agravantes de peligro para la integridad física de las personas y por afectar a un terreno protegido medioambiental.
El jurado entendió que ese peligro no fue "inminente" y que no quedaba probado que la zona quemada fuese de especial protección (ZEPA).
Igualmente, le aplicó el atenuante de dilación de tramitación en el proceso, puesto que los hechos ocurrieron en el 2006 y han sido juzgados seis años después.
Ante estas circunstancia, el Ministerio Fiscal rebajó su petición a cinco años de prisión y el abogado defensor solicitó nueve meses de prisión.
La sentencia puede ser recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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