Advierten de que españa sería juzgada ante la onu por el recorte de la justicia universal

España podría ser juzgada ante el Tribunal Penal Internacional o los comités de la ONU contra la tortura o contra las desapariciones forzadas si se aprueba la proposición de ley del PP que limita la jurisdicción universal.
Así lo advierten 17 organizaciones de derechos humanos en una carta registrada este lunes en el Congreso de los Diputados, en la que rechazan la propuesta del PP, que este martes se tomará en consideración en el Pleno de la Cámara Baja.
Entre las organizaciones firmantes figuran Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), la Asociación Española por el derecho Internacional de los Derechos Humanos (Aedidh), el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras.
Las ONG afirman que las restricciones legales contenidas en la proposición de ley sitúan a España en “una posición de riesgo” al violar sus obligaciones internacionales y desoír a la decisión del Tribunal Internacional de Justicia sobre al deber de "enjuiciar o extraditar”, y dañaría la reputación internacional de España.
“La propuesta podría exponer a España, por ejemplo, a ser llevada ante esta mismo Tribunal o ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura o el Comité contra las Desapariciones Forzadas”, añaden.
Con esta misiva, estas entidades exigen a los grupos parlamentarios que rechacen la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la jurisdicción universal, que limitaría la capacidad de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura.
Señalan que la aprobación de esta iniciativa supondría “una violación de obligaciones internacionales y podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves crímenes”, además de cerrar la puerta para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de acceder a los tribunales españoles para reclamar justicia.
La carta recalca que “el principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que, independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la comunidad internacional en su conjunto”.
“El consenso de la comunidad internacional es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables”, añade.
Las organizaciones firmantes de la carta resaltan que la proposición de ley del PP introduce “un amplio y complejo conjunto de requisitos que deben cumplirse para que los tribunales españoles tengan competencia para investigar y perseguir esos crímenes”.