Según detalla CSIF, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba asegura que "la actitud de acoso de ambos ediles se produjo desde su entrada en el Consistorio", tras las últimas elecciones municipales celebradas el pasado año.
En una nota, la presidenta de CSIF Córdoba, Dolores Navajas, señala que, en el caso de que el primer edil se niegue a abandonar su cargo, "su partido político debería obligarle a abandonar su acta de concejal". En lo que respecta a Daniel García Arrabal, indica que "éste ya no forma parte de IU, grupo al que pertenecía cuando sucedieron los hechos".
La sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba deja claro que "con la llegada de los codemandados al Ayuntamiento se produce un cambio radical en la relación laboral con el demandante, siendo exiliado fuera del centro de trabajo" al ser trasladado a un despacho de reducidas dimensiones situada en la Biblioteca Municipal, un lugar que, según la Inspección de Trabajo, es "carente de las condiciones adecuadas para el desarrollo profesional de la actividad profesional del demandante".
Al respecto, el juez considera que "existe un evidente daño a la reputación profesional del demandante, habiendo quedado al margen durante más de un año de la actividad cultural del Ayuntamiento", área municipal en la que trabajaba como técnico hasta ese momento.
La resolución judicial también apunta que "existe un daño moral derivado del estrés y la falta de motivación" del empleado, una situación que ha tenido repercusiones en su vida personal y familiar. "La conducta de los codemandados entraña una lesión a la dignidad, la reputación y el buen nombre del demandante, es decir, al derecho al honor y a la propia imagen", al tiempo que señala que "de nada sirve que quiera ampararse la conducta lesiva de los codemandados en su inexperiencia en el cargo o el desconocimiento de la normativa laboral".
REPONER LAS CONDICIONES
Ante ello, la máxima representante de CSIF en Córdoba insta al Ayuntamiento de Posadas a que "reponga al trabajador en sus condiciones laborales anteriores a julio de 2015", tal y como establece la sentencia, que también obliga al alcalde y al ex teniente de alcalde a "cesar en su conducta" y les condena a pagar de manera solidaria una indemnización en compensación al daño moral y profesional causado al trabajador.
CSIF cree "inaudito" que dos responsables políticos que representan a la ciudadanía adopten estas conductas hacia un trabajador público. La central sindical recuerda que desde marzo tiene en marcha una campaña contra el acoso laboral y sexual en todo el país, que incluye cartelería y charlas de concienciación, tanto para trabajadores, como para directivos.
En este caso, Navajas ha destacado que "el sindicato se ha visto obligado a poner en marcha esta campaña ante el creciente número de casos de acoso laboral que se producen en las empresas, tanto públicas, como privadas, en todo el país, en Andalucía y también en Córdoba".
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