Los desplazados, que se han trasladado a varios puntos de la frontera con el México, han sido desalojados por orden de un tribunal guatemalteco, que declaró ilegal los asentamientos en la zona protegida.
"Nos preocupa especialmente que estos desalojos hayan sido ordenados sin asegurar primero la reubicación de las personas afectadas y sin tener un plan de protección para las familias, tal y como exigen los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos", ha señalado Colville en un comunicado.
Según Naciones Unidas, las familias viven en condiciones extremadamente precarias y dependen de la asistencia humanitaria para tener acceso a alimentos, medicinas y artículos de higiene.
Este tipo de ayudas han sido provistas hasta la fecha por el Gobierno de Guatemala, que cuenta con la colaboración de varias ONG. No obstante, las autoridades han alertado de que los alimentos se están agotando.
Colville ha instado al Estado guatemalteco a continuar ofreciendo asistencia humanitaria a los afectados hasta que puedan adoptar las medidas necesarias para la reubicación de los desplazados.
Asimismo, el portavoz ha señalado que es posible que se lleven a cabo nuevos desalojos durante las próximas semanas en la zona, que se encuentra dentro de un parque nacional.
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